El Programa de Alimentación Escolar quedó suspendido el 7 de abril, cuando el Consorcio PAE Universal reportó que la alcaldía le adeudaba más de $31.599 millones, con saldos pendientes desde septiembre y octubre de 2025 y facturas de los primeros meses de 2026. El servicio se restableció el 16 de abril de 2026 tras un acuerdo entre la alcaldía, el Ministerio de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Acuña atribuyó la crisis a la insuficiencia de recursos girados desde el nivel nacional.
La Procuraduría había abierto la indagación previa el 19 de noviembre de 2025 tras la difusión de un video, con el fin de esclarecer si existieron exigencias de dádivas e incremento patrimonial injustificado en el marco del PAE. Las autoridades no han determinado aún el contexto de las grabaciones ni existe sanción en firme, pero el caso permanece bajo investigación penal y disciplinaria.
Otro frente de controversia ha sido la contratación de seguridad privada. El contrato LP-001-2024, adjudicado a la firma Vipers Ltda. por más de $24.878 millones y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, generó alarma entre organizaciones de víctimas en 2024 por incluir vigilantes armados realizando recorridos móviles, lo que abrió un debate sobre los límites entre la seguridad privada y las funciones de la Policía Nacional. Acuña defendió la legalidad y transparencia de la licitación, y en 2025 se convocó una veeduría ciudadana para hacer seguimiento al contrato.
A ese litigio contractual se suma el limbo jurídico de la reforma administrativa municipal. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal 358 de 2025, que viabilizaba la modernización de la planta de personal. La alcaldía sostuvo que el proceso ya se había ejecutado y no producía nuevos efectos, aunque a nivel local se han reportado decisiones judiciales que ordenan el reintegro de servidores desvinculados durante la reestructuración.
La acumulación de tensiones llevó a que, en abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría convocaran una audiencia pública dentro del trámite formal de revocatoria del mandato del alcalde. El informe divulgado por Semana advierte, no obstante, que esa convocatoria no debe interpretarse como un hallazgo fiscal, disciplinario o penal en firme contra Acuña. La revocatoria del mandato, prevista en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, requiere la recolección de firmas y una votación ciudadana que supere umbrales de participación y de respaldo.
Indagatoria por enriquecimiento ilícito 2010-2018
Los antecedentes personales del alcalde continúan activos en las altas cortes. El 16 de junio de 2026, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, en una investigación centrada en un posible incremento patrimonial injustificado durante su periodo como congresista, entre 2010 y 2018. En agosto de 2026, la misma Sala de Instrucción estudiaba una ponencia para imponerle medida de aseguramiento, en el marco de una investigación formal por presunta financiación del terrorismo y administración de recursos vinculados a actividades criminales.
El tránsito de congresistas a investigaciones de la Corte Suprema por su gestión en el legislativo no es inédito en el departamento de Sucre: el proceso de la llamada parapolítica, iniciado por esa corporación en 2006, llevó a prisión a varios congresistas de la región por sus nexos con grupos armados ilegales, en una de las mayores investigaciones penales adelantadas contra miembros del Congreso en la historia reciente del país.
En medio de ese escenario judicial, el Concejo de Sincelejo autorizó en junio de 2026, con 16 votos a favor, la salida del país del alcalde con destino a EE. UU. y México. Acuña argumentó que el viaje respondía a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para actividades preparatorias de la Copa Mundial de Fútbol y que no generaría gastos al municipio, aunque la duración de la licencia y su coincidencia con el evento deportivo despertaron cuestionamientos en la corporación. En junio de 2026, la selección de Colombia disputaba su clasificación rumbo al torneo que organizan conjuntamente EE. UU., México y Canadá, pasión nacional que, según el informe, el alcalde invocó para justificar su licencia.
