Los seis casos corresponden a internos con patologías que exigen valoración o tratamiento fuera del centro de reclusión, remisiones que en el sistema penitenciario dependen de la coordinación entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la red hospitalaria pública y privada de la ciudad. Cuando esa red sufre afectaciones estructurales, como las reportadas tras el sismo, los cupos y las citas prioritarias tienden a redirigirse hacia la población civil, dejando en segundo plano a los pacientes privados de la libertad.
El complejo carcelario de Villahermosa, uno de los principales centros de reclusión del suroccidente del país, arrastra desde hace años señalamientos de las autoridades judiciales por el estado de su infraestructura sanitaria. El terremoto habría dejado daños en instalaciones médicas de la ciudad, lo que reduce la capacidad de atención disponible tanto para la ciudadanía como para la población reclusa que depende de remisiones externas. La magnitud exacta de esas afectaciones y el número de instituciones con operación restringida no ha sido precisado por las autoridades de salud del departamento del Valle del Cauca.
La Corte Constitucional declaró en 1998, mediante la sentencia T-153, el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano por el hacinamiento y la precariedad en la prestación de servicios de salud, una figura que reiteró en la sentencia T-388 de 2013 ante el incumplimiento persistente de los correctivos ordenados. Desde entonces, sucesivos gobiernos han intentado implementar el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad creada en 2011 para separar las funciones de custodia del Inpec de la prestación de servicios asistenciales.
Pese a esa reforma institucional, los cuellos de botella en remisiones hospitalarias externas han sido una constante señalada en informes de la Defensoría del Pueblo y en tutelas presentadas por familiares de internos. El sismo añade ahora una variable adicional a ese cuadro estructural: la disrupción temporal de la oferta hospitalaria de la ciudad, que golpea con mayor severidad a quienes ya dependían de un sistema de remisiones lento antes de la emergencia.
El retorno a la normalidad tras el terremoto ha sido gradual en distintos frentes de la vida institucional caleña. En el ámbito educativo, se reportó que 1.173.130 estudiantes retomaron clases tras el sismo, un indicador de la magnitud del esfuerzo de recuperación que atraviesa la ciudad en sus distintos servicios públicos, mientras la atención hospitalaria sigue restablecéndose de manera desigual.
La situación de los seis internos de Villahermosa depende ahora de que las instituciones de salud de Cali recuperen la capacidad de recibir remisiones prioritarias, en una ciudad donde la red hospitalaria continúa operando con restricciones tras el movimiento telúrico.
