Hernández Rojas explicó que, ante cada llamada extorsiva, el protocolo consiste en reportar el número al 089, línea de denuncia anónima, lo que permite a las autoridades identificar patrones de reincidencia y bloquear las líneas con mayor número de reportes.
"Lo que se hace en estos casos es recordar este protocolo de marcar el 089 (para hacer el reporte). De todas maneras, las autoridades de la secretaría toman nota y a veces nos comentan: es un número que ya tiene muchos reportes, bloquéenlo. Nos dan las herramientas para que no nos estén sorprendiendo a cada paso", refirió Beatriz Hernández Rojas, presidenta de Coparmex Querétaro.
Detrás de la extorsión telefónica, la dirigente ubicó con menor frecuencia el robo a transporte o mercancía en tránsito y el robo en locales o almacenes, este último con una incidencia todavía más baja. A través de la Comisión de Seguridad de Coparmex Nacional, los afiliados acceden a esquemas de atención especializada para enfrentar estos delitos.
Ante la persistencia de las llamadas, Coparmex ha solicitado al gobierno federal inhibir las señales de telefonía celular dentro de los centros penitenciarios, donde, según la dirigente, se origina buena parte de los números identificados.
"Hemos pedido al gobierno federal que haya estos usos de herramientas que también pueden inhibir las señales desde los penales, porque muchos de estos números están identificados dentro de los penales, a lo largo y ancho del país. Creo que todavía, desde la Cámara de Diputados, debería seguir insistiendo en que se puedan crear normativas para centros penitenciarios en los que realmente se puedan bloquear estas señales o el uso de los celulares y seguramente disminuiría una buena parte de la extorsión telefónica", expresó Hernández Rojas.
La demanda no es nueva: la instalación de inhibidores en penales ha sido una exigencia recurrente del sector empresarial frente a un delito que el gobierno federal reconoce como prioritario —la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha ubicado entre los que más preocupan a su administración—. Mediante procedimientos de compliance, añadió Hernández Rojas, las empresas realizan análisis de riesgos y adoptan seguros y esquemas de vigilancia para reducir su exposición. En agosto, la confederación presentó a nivel nacional el Índice de Extorsión Coparmex (IEC), que combina tres variables del delito y ubicó a 14 entidades por encima del promedio nacional; entre sus recomendaciones figuran los inhibidores en penales y la creación de unidades locales especializadas.
La lectura de la Cámara de Comercio
El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, se refirió a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2026), que colocó al estado con una tasa de prevalencia delictiva de 3,875 por cada 10,000 unidades económicas, la segunda más alta del país, con un alza de 11.9% entre 2023 y 2025. Loya Poletti planteó que ese dato debe leerse junto con el crecimiento del número de empresas en la entidad y descartó que los negocios locales enfrenten extorsión como uno de los delitos relevantes detectados por el instituto de estadística.
"(La encuesta) compara el número de delitos de un año a otro. Creo que el índice importante que hay que comparar, sí es ese número, pero basándonos también en el número de crecimiento de empresas (.) si nos vamos a porcentajes reales, respecto al total de empresas, estoy seguro que estamos en los números más bajos de temas de delitos para los negocios", señaló René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.
Loya Poletti atribuyó también parte de los resultados a una cultura de la denuncia más consolidada entre los comerciantes queretanos, lo que elevaría el registro de incidencias sin reflejar necesariamente un deterioro proporcional en la seguridad del sector. La discusión local se inscribe en una tensión que trasciende al estado: la propia Suprema Corte ha avalado en semanas recientes mandatos de política pública para Querétaro, como el que obliga a los partidos a postular mujeres en la entidad.