Hay una elegancia particular en legislar sobre árboles: nadie vota en contra de un árbol. Es el tipo de dictamen que atraviesa el pleno sin fricción, sin bancada que se le atraviese, sin punto de acuerdo opositor que lo frene, porque objetar la arborización equivaldría a declararse a favor del smog. Los 96 votos no miden consenso político: miden la ausencia de cualquier costo en votar que sí.
La reforma crea una definición legal de arborización —plantación, mantenimiento y conservación de especies vegetales adecuadas a las condiciones climáticas y ecosistémicas de cada región, para crear hábitats de fauna urbana y mejorar la calidad del aire— y la cuelga de tres leyes generales distintas. Lo que no crea es una partida presupuestal, un organismo que fiscalice su cumplimiento ni una sanción para el municipio que siga sin plantar nada. El Congreso de la Unión convierte una intención en obligación normativa y deja que alguien más, en otro periodo ordinario, resuelva cómo se paga.
El dictamen es más ambicioso de lo que aparenta: exige que los programas de las zonas metropolitanas y conurbaciones —el laberinto administrativo que gobierna de facto el Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara o Monterrey— incluyan previsiones y acciones específicas de arborización. Cualquiera que haya intentado coordinar un trámite entre dos alcaldías vecinas sabe lo que implica pedirles que se pongan de acuerdo sobre dónde sembrar un fresno.
Conviene no perder de vista el contexto hídrico en el que aterriza esta reforma. Mientras el Senado define especies vegetales adecuadas a cada ecosistema, Jalisco propone subir 132% el gasto en agua y promete abasto para la ZMG a 70 años, lo que sugiere que la discusión de fondo —de dónde sale el agua para regar esos árboles nuevos— sigue sin resolverse en la mayoría de las entidades.
Sería injusto despacharlo todo como gesto cosmético. Que la ley obligue a considerar las condiciones climáticas y ecosistémicas de cada región corrige un vicio histórico de la arborización mexicana: jacarandas y fresnos plantados por estética en climas que no los sostienen, hileras completas que mueren a la primera sequía prolongada porque nadie consultó un mapa de biomas antes de clavar la pala. Ese tecnicismo, de aplicarse, vale más que el aplauso político que acompañó la votación.
El reparto de competencias, sin responsable
El problema, como casi siempre en la arquitectura legal mexicana, no está en el texto sino en su implementación. Las leyes generales reparten competencias entre federación, estados y municipios: todos quedan obligados, nadie queda específicamente responsable. El antecedente es conocido: la Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, fijó metas de reducción de emisiones que hoy siguen incumplidas por falta de instrumentos de aplicación en estados y municipios. La nueva definición de arborización arranca con el mismo diseño.
Mientras tanto, el país discute otras urgencias con números más duros: el PIB creció 0.9% en el tercer trimestre y Mexicali perdió 46% de los residentes de su centro, dos síntomas de un deterioro urbano que ningún árbol, por bien plantado que esté, alcanza a disimular.
El dictamen pasa ahora a las legislaturas estatales, que deberán promover y aplicar acciones de plantación, mantenimiento y conservación de especies vegetales adecuadas en los espacios públicos de las áreas urbanas y armonizar sus códigos locales con la definición federal. En el periódico oficial de cada estado se sabrá si el Senado sembró una política pública o apenas un comunicado de prensa con forma de ley.