La sesión de este lunes festivo, que se extendió casi ocho horas, dejó el primer avance del Gobierno en el trámite: la Plenaria de la Cámara negó la ponencia de archivo que proponía la oposición y aprobó en su lugar la ponencia positiva, además de votar dos de los 22 artículos que componen el proyecto. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, reportó el balance de la jornada y fijó la hoja de ruta para las horas siguientes.
"Se escucharon las diferentes bancadas, se negó la ponencia de archivo, se aprobó por amplias mayorías la ponencia y avanzamos en la votación de dos artículos", reportó Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes.
Barguil anunció la continuidad inmediata del debate. "Este martes, desde las 9:00 a. m., retomaremos la Plenaria hasta culminar con la aprobación. El país necesita decisiones y seguimos dando el debate asumiendo la responsabilidad de legislar, que es lo que nos corresponde", señaló.
El proyecto, radicado por el exministro del Interior Rodrigo Lara y el ministro de Justicia Iván Cancino, busca redefinir las condiciones legales para la desarticulación y entrega a la justicia de estructuras de crimen organizado. Entre sus 17 páginas, el texto exige a los actores armados ilegales o terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley manifestarlo de manera libre, expresa y por escrito ante el Gobierno nacional, a través de un interlocutor designado por sus integrantes.
La norma también condiciona el sometimiento a la dejación de armas bajo mecanismos de verificación, a la entrega sin dilación de niñez reclutada, personas secuestradas y desaparecidas bajo control de estos grupos, y al cese de toda actividad ilícita contra la población civil. El articulado exige, además, comprometerse con el desmantelamiento de la organización y la entrega de información sobre sus nexos políticos y líneas de corrupción que afecten la administración pública y la justicia.
Como incentivo jurídico, el proyecto contempla una rebaja punitiva del 50 % de la pena acumulada según los aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y las contribuciones verificables al desmantelamiento del grupo armado, para delitos cometidos con ocasión de esa pertenencia. Quienes hayan ejercido roles de liderazgo tendrán una rebaja menor, del 30 %.
El trámite constituye la segunda prueba de fuerza que enfrenta De La Espriella en el Legislativo en los primeros tres meses de su gobierno, en un período en que también los gobernadores del Pacífico articularon un bloque regional para presentar proyectos al Gobierno. Distintos sectores políticos coinciden en que el resultado de esta jornada permitirá medir qué tanto control tiene hoy el Ejecutivo sobre las mayorías del Congreso.
La Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, es el pilar normativo bajo el cual han operado los procesos de sometimiento y desmovilización en el país, desde los acercamientos con las autodefensas en la década de 2000 hasta las negociaciones más recientes; su vigencia ha sido prorrogada en sucesivas ocasiones por el Congreso para no dejar sin marco jurídico esos procesos.
El calendario deja un margen estrecho: si las dos plenarias aprueban la ley este martes, la conciliación entre Cámara y Senado tendría que surtirse el miércoles 4 de noviembre, mismo día en que se vence la vigencia de la Ley 418 de 1997.