Según el comunicado oficial de la entidad, los habitantes "se vieron obligados a abandonar su territorio ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales". El desplazamiento se produjo dos días después de que la propia Defensoría advirtiera sobre el deterioro de la seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de otra en Villa Nueva, hechos que anticipaban el riesgo que terminó materializándose este fin de semana.
"La disputa territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades", señaló la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento.
La entidad alertó además que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio estarían considerando abandonar sus hogares por temor a que la violencia se extienda a ese corregimiento, por lo que pidió a las autoridades tomar medidas preventivas antes de que se registre un nuevo desplazamiento masivo. El Pacífico chocoano es una región históricamente disputada por corredores estratégicos para el narcotráfico entre el mar y el interior del país.
La Defensoría hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria a las familias desplazadas, facilitar su traslado seguro hacia la cabecera municipal y activar las rutas de atención a víctimas. Pidió también reforzar las medidas de prevención y protección en las comunidades que permanecen en sus territorios, en particular en Puerto Indio, ante el riesgo de que la situación se repita.
El Chocó figura entre los departamentos con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en el país tras el recrudecimiento de la confrontación entre estructuras armadas ilegales luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, cuando el vacío dejado por las antiguas FARC en corredores como el del río Baudó y la costa de Nuquí fue disputado por el Clan del Golfo y el ELN. La alerta se enmarca en una tensión creciente en el litoral, donde gobernadores del Pacífico han articulado un bloque regional para presentar proyectos al Gobierno.
La situación en Jurubidá se suma a otras crisis humanitarias recientes reportadas en el Pacífico colombiano, en una región donde la institucionalidad del Estado continúa siendo limitada frente a la presencia armada ilegal. La Defensoría informó que mantiene presencia en el municipio para hacer seguimiento a la emergencia y coordinar la respuesta entre las entidades competentes, mientras las familias desplazadas aguardan su traslado definitivo hacia la cabecera municipal de Nuquí.
"Mantenemos presencia institucional en Nuquí, realizando labores de seguimiento, verificación y articulación con las competentes", concluyó la Defensoría del Pueblo en su comunicado.