El fin del convenio no implica, según precisó la propia Fecode en su comunicado, la liquidación del Fomag ni la extinción de los derechos adquiridos por los docentes. Tampoco deroga la Ley 91 de 1989, la norma que creó el fondo como cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial y régimen de excepción, ni cambia por sí sola el modelo de salud vigente para el magisterio.
La decisión del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella respondió a un desborde operativo documentado por el propio Ministerio de Educación, que reportó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones en el fondo y más de 109.000 quejas acumuladas desde 2024 por barreras de acceso a citas médicas y medicamentos. La Superintendencia de Salud, por su parte, reveló una parálisis contractual crítica: de 3.934 prestadores inscritos para atender a los profesores, en octubre solo figuraba un contrato debidamente formalizado.
El fondo arrastra, además, deudas con la red de prestadores por más de $2,4 billones, de las cuales el 51 %, es decir $1,24 billones, presenta una mora superior a los 180 días. Ante ese panorama, el Ejecutivo activó un plan de transición a un año, prorrogable por doce meses adicionales, que quedará bajo vigilancia de la Supersalud para garantizar que no se interrumpan los tratamientos ni el pago de pensiones a los docentes.
Fecode expuso en su pronunciamiento la magnitud del hueco financiero: el diagnóstico del Ministerio de Educación proyecta un déficit de $2,699 billones al cierre de este año. La organización recordó que ya se trasladaron $859.286 millones del rubro de pensiones hacia salud para evitar una parálisis inmediata del sistema, pero advirtió que queda un saldo en rojo de $1,84 billones sin fuente de financiación identificada.
El pliego de exigencias del sindicato incluye la garantía de atención integral sin barreras ni interrupciones, desde consultas generales y especializadas hasta urgencias, hospitalizaciones, cirugías y rehabilitación, con énfasis particular en la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas y de alto costo. También reclamó la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías en salud, el normal funcionamiento de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y celeridad en los trámites de cesantías, mesadas pensionales y cumplimiento de fallos judiciales.
El origen de la crisis se remonta a 2024
La raíz del problema se ubica en el cambio de modelo asistencial implementado el 1 de mayo de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el Acuerdo 03 del Fomag. La reforma transformó la estructura financiera del fondo: los pagos por evento y medicamentos pasaron de representar el 70,7 % de las cuentas a dispararse al 89,4 % en 2026, mientras las modalidades de capitación se desplomaron del 21,6 % a apenas el 7,1 %. El gasto mensual en fármacos saltó de $36.700 millones en 2024 a más de $100.500 millones en 2026, un salto que la Contraloría General vinculó a 61 hallazgos de irregularidades y pagos superiores a $4,4 billones presuntamente realizados sin los debidos soportes.
Las consecuencias operativas golpearon de manera directa a los usuarios del sistema. Registros oficiales documentan el traslado forzoso de más de 3.400 pacientes oncológicos en Antioquia y centenares más en Chocó y el suroccidente del país, además de afectaciones a usuarios con VIH en Bogotá y Cali e interrupciones en la entrega de insumos para pacientes con epilepsia y bombas de insulina en el Huila.
Fecode cerró su comunicado insistiendo en que la Ley 91 de 1989 continúa plenamente vigente y que la salida de la fiduciaria no exime al Estado de su responsabilidad constitucional y financiera frente al magisterio. La federación instó a los educadores de todo el país a mantenerse movilizados y vigilantes para impedir cualquier retroceso en sus conquistas laborales y asistenciales.