La resolución redefine el alcance de la misión que opera en el país desde la firma del acuerdo con las antiguas FARC. Según explicó el mandatario, el organismo internacional concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y en las garantías de seguridad, mientras que la responsabilidad sobre la Reforma Rural Integral quedará en manos de las instituciones colombianas, con lo que la misión reduce sus competencias respecto al mandato vigente.
"Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos", escribió De La Espriella, quien también agradeció el trabajo del equipo diplomático colombiano, con mención especial al embajador Mauricio Gaona.
El jefe de Estado insistió en que el ajuste al mandato no representa un giro en contra del proceso de paz, sino una exigencia de resultados concretos en materia de seguridad y justicia. Sostuvo que el país requiere una paz sustentada en instituciones fuertes y en presencia efectiva del Estado en el territorio nacional, en particular en las zonas donde persisten economías ilegales y estructuras armadas.
"La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable", afirmó el presidente Abelardo De La Espriella.
La defensa del embajador Gaona
Durante la intervención ante el Consejo de Seguridad, Gaona defendió los cambios y planteó que la presencia de Naciones Unidas debe acompañar, no sustituir, la acción del Estado colombiano.
"Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno", dijo el embajador Mauricio Gaona.
"No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias. Enfrentamos carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales, corrupción y desplazamiento forzado. Seré claro: no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad", agregó Gaona ante el organismo.
La Misión de Verificación es encabezada actualmente por el diplomático eslovaco Miroslav Jenča y deberá ajustar su trabajo a las nuevas competencias, con foco en la desmovilización y reintegración de excombatientes y una disminución de las labores que venía desarrollando en torno a la reforma rural. El acuerdo de 2016, firmado entre el Estado colombiano y las FARC, estableció esa misión internacional como garante de la implementación, una fórmula que el Consejo de Seguridad ha renovado periódicamente desde entonces.
El debate sobre el alcance del acuerdo sigue abierto en el país: colectivos como Fecode mantienen la presión sobre compromisos pendientes del posconflicto, según se observó cuando el gremio declaró alerta máxima tras la salida de Fiduprevisora del manejo del Fomag. Con la reforma aprobada este lunes, la verificación de la Reforma Rural Integral pasa a las instituciones colombianas, mientras el acompañamiento internacional se concentra en seguridad y reincorporación.