La causa investiga presuntas maniobras para obtener información sobre agentes de la Guardia Civil, entre ellos mandos como la directora general Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, ambos ya declarados en el procedimiento. La investigación, que se sustancia en la Audiencia Nacional bajo la instrucción de Pedraz, ha ido sumando personaciones de distintas partes a medida que avanza la fase de instrucción.
La AUGC presentó hace semanas sendos escritos solicitando personarse como acusación popular en representación de los agentes que, según sostiene, habrían sido objeto de las maniobras investigadas. El instructor aceptó en principio esa personación, pero la condicionó a dos requisitos: el abono de una fianza de 10.000 euros y la integración de la asociación dentro del bloque de acusaciones ya personado, encabezado por el Partido Popular.
El abogado de los Servicios Jurídicos de AUGC, Mariano Casado, ha recurrido ambas condiciones. Sobre la fianza, la entidad ha planteado como alternativa una cantidad muy inferior, de 1.000 euros. En su escrito, la asociación sostiene que mantiene los argumentos que, a su juicio, supondrían la exención del depósito y condiciona su ofrecimiento a que se le permita ejercer la acusación popular en solitario: «Mi mandante manifiesta que podría presentar fianza por 1.000 euros», expone el recurso.
El precedente del caso Mediador
Para defender su derecho a actuar de forma separada del resto de acusaciones, la defensa de AUGC invoca el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife dictado en el marco del conocido como caso Mediador. Según recoge su escrito, allí se permitió «el ejercicio de la acusación popular de manera separada y no de manera unificada, debido a su naturaleza de asociación profesional de miembros de la Guardia Civil, su singular configuración legal y la obligación de mantener estrictamente la neutralidad política en todas y cada una de sus actuaciones».
Ese es el eje del argumento de la asociación: la naturaleza estatutaria de una entidad profesional de guardias civiles, sometida a un régimen legal específico que le impide alinearse políticamente, justificaría un tratamiento procesal distinto al de otras acusaciones populares y evitaría que quede diluida en una representación conjunta con la que discrepa en su configuración.
A los recursos presentados por AUGC no se ha opuesto ninguno de los investigados en la causa, según fuentes del caso citadas por ABC. La excepción es Leire Díez, cuya letrada ha presentado un escrito «mostrando oposición a todos y cada uno de los hechos esgrimidos en el recurso de apelación de contrario e interesando su íntegra desestimación».
La defensa de Díez se apoya en la regulación de la personación de víctimas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que, cuando existe pluralidad de perjudicados, todas puedan personarse de forma independiente, pero también que el juez, «en resolución motivada y tras oír a todas las partes», pueda imponer que se agrupen en una o varias representaciones «cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».
Sobre esa base, la letrada de la exmilitante socialista sostiene que, aun cabiendo la acusación popular separada, la causa —a la que califica de «macrocausa con bastantes diligencias de investigación objeto de práctica»— hace «conveniente la unificación de todas las acusaciones bajo una misma dirección letrada», al entender que lo contrario abocaría a «dilaciones indebidas» y a un «desorden procesal».
La controversia se sitúa así en un terreno estrictamente procedimental, ajeno por el momento al fondo de las imputaciones, y remite a un debate jurídico recurrente en instrucciones complejas: el equilibrio entre el derecho de los perjudicados a personarse con su propia defensa y la necesidad de preservar la celeridad y el orden de causas con múltiples partes. La acción popular, figura reconocida en el artículo 125 de la Constitución y desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es un rasgo singular del proceso penal español que ha alimentado litigios similares sobre su alcance en macrocausas como Gürtel o los ERE de Andalucía.
Corresponde ahora a Santiago Pedraz resolver sobre los recursos presentados por AUGC y sobre la oposición formulada por la defensa de Leire Díez, quien mantiene en el procedimiento la condición de investigada, sin que conste procesamiento ni escrito de acusación formal en su contra.
El desenlace del incidente definirá el mapa de acusaciones populares de cara a las próximas diligencias, en un procedimiento que sigue abierto en la Audiencia Nacional y en el que se prevén nuevas comparecencias antes de que el instructor decida sobre el rumbo posterior de la causa.
