El juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo entró en su segunda semana con declaraciones que apuntan directamente al núcleo de la acusación: un exalto cargo de Adif confirmó ante la sala que fue Koldo García Izaguirre, entonces asesor de Ábalos, quien le condujo personalmente a su despacho para presentarle la oferta de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión, investigada en la causa conocida como caso Koldo.
Por qué importa este testimonio
El relato del antiguo director general de gestión de personas de Adif adquiere una relevancia procesal singular porque contradice uno de los pilares sobre los que la defensa de Ábalos ha construido su estrategia: la tesis de que el exministro desconocía o no intervino en las gestiones que habrían permitido a Soluciones de Gestión colocar sus productos en organismos públicos dependientes del ministerio. Si el testimonio prospera, la cadena que la Fiscalía intenta trazar entre Ábalos, su asesor y la empresa investigada gana un eslabón con nombre propio y cargo acreditado.
El papel de la presidenta de Adif según el testigo
El exdirectivo reveló además un dato que amplía el perímetro de la investigación más allá de Koldo García: fue la propia presidenta de Adif quien le facilitó el contacto con la empresa investigada. Esta declaración introduce en el relato judicial a la máxima autoridad del gestor de infraestructuras ferroviarias en aquel momento, aunque el material disponible no precisa si dicha circunstancia ha dado lugar a diligencias específicas contra esa persona.
La estrategia de la defensa
Frente a estos testimonios, la defensa optó por intentar desacreditar a los testigos, una táctica habitual en procesos de esta naturaleza que busca sembrar dudas sobre la credibilidad, los motivos o la memoria de quienes declaran. El procedimiento penal español reconoce a las defensas el derecho a interrogar a los testigos e impugnar sus declaraciones, si bien el peso que el tribunal otorgue a cada testimonio se determinará en sentencia.
La Fiscalía endurece su tesis
En paralelo, la Fiscalía aprovechó la segunda semana de juicio para reforzar su argumentario. La acusación pública habría intensificado su tesis central, lo que en el lenguaje procesal significa que los nuevos testimonios están siendo integrados en el relato acusatorio para consolidar la hipótesis de una trama que habría utilizado la estructura del Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes para favorecer a empresas privadas en la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Contexto: el caso Koldo y su origen
El caso Koldo tiene su origen en una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que destapó en 2023 una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, cuando la escasez de material de protección individual disparó el precio y la demanda en toda Europa. La instrucción, que pasó por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional antes de desembocar en el Tribunal Supremo por la condición de aforado de Ábalos como exsenador, ha derivado en múltiples piezas separadas y afecta a un número de investigados que incluye empresarios, intermediarios y cargos públicos.
El aforamiento y el Tribunal Supremo
El hecho de que el juicio se celebre en el Tribunal Supremo responde al estatuto de aforado que la Constitución española reconoce a los senadores en ejercicio. Ábalos, que abandonó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y posteriormente ocupó un escaño en el Senado, quedó así sometido a la jurisdicción de la Sala de lo Penal del alto tribunal, cuyas sentencias no admiten recurso ordinario ante un órgano superior en el ordenamiento interno, lo que convierte cada sesión en definitiva a efectos probatorios.
Qué queda por dirimirse
La celebración del juicio oral es la fase en que la prueba se practica con todas las garantías de contradicción e inmediación. Lo que el tribunal escuche en las próximas sesiones determinará si los indicios reunidos durante la instrucción alcanzan el estándar de prueba de cargo suficiente para una condena o si, por el contrario, las dudas razonables que la defensa intenta generar se consolidan. El desenlace marcará también el debate político sobre la rendición de cuentas en la gestión de la emergencia sanitaria, un capítulo que varios grupos parlamentarios han intentado trasladar desde los juzgados al Congreso sin éxito hasta ahora.
