De acuerdo con la versión policial, los dos extranjeros habrían operado como piezas de una estructura dedicada a mover toneladas de cocaína hacia mercados de Norteamérica y Europa. La Policía no precisó el barrio ni la fecha exacta del operativo, aunque confirmó la identidad de los capturados por sus alias y su condición de pedidos en extradición.
Barranquilla y el litoral Caribe colombiano se han consolidado como corredor de salida de cargamentos de droga hacia puertos europeos. La Dirección de Antinarcóticos ha reportado en años recientes incautaciones de cocaína oculta en contenedores con destino a Europa, un patrón que coincide con el perfil que las autoridades atribuyen a los dos mexicanos.
La extradición hacia EE. UU. ha sido históricamente la vía por la cual Washington solicita la entrega de personas investigadas por narcotráfico cuando son capturadas en territorio colombiano o cuando el país sirve de corredor del tráfico internacional. El procedimiento, regulado por el Código de Procedimiento Penal y por los tratados bilaterales vigentes, exige que la Corte Suprema de Justicia emita concepto favorable antes de que el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, autorice la entrega.
Mientras se surte ese trámite, los capturados permanecen bajo custodia en Colombia. La Ley 906 de 2004 prevé una audiencia de imputación ante un juzgado penal del circuito como etapa que determinaría los cargos concretos, en caso de que la Fiscalía opte por judicializarlos en el país antes de resolver la extradición o de forma paralela a ella.
El narcotráfico transnacional marcó la reinstauración de la extradición en Colombia. Tras años de prohibición ligada a la presión del cartel de Medellín, la figura fue restablecida por la reforma constitucional de 1997 y desde entonces se ha convertido en el principal instrumento de cooperación penal con EE. UU. frente a las estructuras del tráfico de cocaína.
La captura se conoce en medio de una serie de actuaciones judiciales que han puesto el foco sobre la rama judicial y los procesos de extradición, como el caso en que la Fiscalía imputó a una jueza de Bogotá por presuntamente recibir $600 millones para liberar a un extraditable, expediente que ilustra la sensibilidad de estos trámites ligados al narcotráfico.
El siguiente paso procesal será la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la solicitud de entrega antes de que la Cancillería adopte una decisión sobre 'La Patrona' y 'Pau'.
