La misiva, firmada por el presidente del gremio, Álvaro Yarce Reyes, y el secretario, Óscar Julián Vásquez, fue remitida con copia a distintos destinatarios del Ejecutivo y del Legislativo. Los pensionados sostienen que la ley colombiana obliga a reajustar las mesadas conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, un mandato que, según denuncian, no se cumple desde hace varios años.
"Las mesadas pensionales en Colombia están sujetas a reajustes anuales de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tal como lo establece la ley; pero en los últimos años esta norma no se está cumpliendo", señala la misiva enviada por Apenpri.
El origen en la Ley 1328 de 2009
Según el relato de Apenpri, el problema no es reciente. Antes de 2009, cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) operaba con un único fondo, llamado conservador, cuyas rentabilidades permitían acrecentar los saldos de las cuentas de ahorro individual desde donde se pagan las mesadas. El punto de quiebre, afirman, fue la Ley 1328 del 15 de julio de ese año, la reforma financiera que introdujo el régimen de protección al consumidor financiero y, con él, el esquema de multifondos.
La norma buscaba preservar el capital ahorrado por los afiliados mediante una diversificación del riesgo según la edad y el perfil del cotizante. Sin embargo, el gremio sostiene que el resultado ha sido el contrario al previsto.
"La realidad ha sido otra. Hemos perdido más de un 12 % del capital, llevando a muchos hasta un salario mínimo", sostienen en la carta dirigida a la Casa de Nariño.
El mecanismo técnico detrás del reclamo tiene que ver con el funcionamiento del régimen de ahorro individual con solidaridad, sobre el cual operan los fondos privados de pensiones en Colombia desde la Ley 100 de 1993. A diferencia del régimen de prima media administrado por Colpensiones, donde el Estado garantiza una mesada definida, en el esquema privado cada año se recalcula la asignación con base en tres variables: el saldo disponible en la cuenta, la rentabilidad obtenida por el fondo y la esperanza de vida actuarial.
Esa recalculación, explican los pensionados agremiados, se traduce en ajustes a la baja porque el capital acumulado se agota más rápido de lo que estimaban originalmente las proyecciones de las administradoras. El resultado es una pérdida sostenida de poder adquisitivo que, según la organización, no se limita a quienes ya están pensionados sino que amenaza a la base de afiliados cercana a la edad de retiro bajo este régimen.
Apenpri ya había elevado la misma alerta en mayo pasado, durante el gobierno anterior, cuando advirtió que el panorama podría agravarse si no se tomaban medidas correctivas. Aquel llamado no revirtió la tendencia, lo que explica que la organización insista ante la nueva administración con el mismo diagnóstico y un tono más urgente.
Un reclamo en pleno ajuste fiscal
El pedido llega en un contexto fiscal exigente para el Gobierno. Según un informe de Oxford Economics, Colombia enfrenta el mayor ajuste fiscal de América Latina a 2030, un escenario que condiciona el margen de maniobra de la Casa de Nariño y del Congreso para atender demandas que impliquen mayor gasto público o modificaciones regulatorias con impacto fiscal.
En la carta, los pensionados plantean el reclamo en términos de riesgo social. "La vulneración en mención causa un serio agravio a miles de personas, a quienes sus mesadas de vejez, sobrevivencia e invalidez se les reducen constantemente por la descapitalización que sufre su ahorro pensional", sostienen en el documento.
La tensión de fondo no es nueva. Desde la creación de los fondos privados con la Ley 100 de 1993, el país ha discutido en varias ocasiones la conveniencia de un modelo mixto que combine el régimen público de prima media con el ahorro individual, debate que atravesó distintos gobiernos sin resolver la disyuntiva entre sostenibilidad fiscal y suficiencia de las mesadas para los pensionados de mayor edad.
Apenpri reclama una intervención concreta del Ejecutivo que corrija lo que considera un incumplimiento sistemático de la ley vigente en materia de reajuste pensional, y enmarca su petición como un asunto de dignidad para la vejez más allá de la discusión técnica sobre rentabilidades y multifondos.
"Es el momento de adoptar decisiones que garanticen una vejez digna, que el gobierno nacional nos ayude con decisiones que nos den tranquilidad hacia el futuro y lograr pasar así la página de la zozobra ante esta situación", concluye la carta remitida por Apenpri al presidente Abelardo De la Espriella y al Congreso de la República.
