El mecanismo que amenaza al sector: qué es el ETS y cómo funciona
El instrumento regulatorio en cuestión es el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés como ETS (Emissions Trading System). Creado en 2005 en virtud de la Directiva 2003/87/CE, el ETS es el principal instrumento de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores industriales intensivos en energía. Su lógica es la de un mercado de permisos: cada instalación recibe o compra derechos de emisión, y quienes superan su cuota deben adquirir derechos adicionales en el mercado. El precio de esos derechos fluctúa, y en los últimos años ha escalado de forma considerable: si en 2018 el precio del carbono rondaba los 15 euros por tonelada, en 2023 llegó a superar los 80 euros, según datos de la plataforma de negociación ICE Endex.
La reforma que tiene en vilo al sector cerámico es la cuarta fase del ETS (2021-2030), que reduce progresivamente la asignación gratuita de derechos a las industrias. Durante las fases anteriores, sectores como el cerámico recibían una proporción significativa de sus derechos de forma gratuita para evitar lo que en la jerga comunitaria se denomina 'fuga de carbono': el traslado de la producción a países terceros sin restricciones equivalentes. La nueva hoja de ruta, endurecida tras la aprobación del paquete 'Fit for 55' en 2022, acelera la retirada de esas asignaciones gratuitas y las vincula a estándares de referencia (benchmarks) que la industria cerámica española considera técnicamente inalcanzables con la tecnología actualmente disponible.
Castellón, capital mundial del azulejo: geografía de una dependencia
Para entender la magnitud del problema hay que situar la industria en el mapa. El clúster cerámico de Castellón —que se extiende por municipios como Onda, Villarreal, Alcora, Nules y la propia capital provincial— concentra, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), en torno al 95% de la producción nacional. España es, a su vez, el segundo productor europeo de cerámica para la construcción, solo por detrás de Italia, y figura entre los cinco primeros exportadores mundiales. En 2022, el sector generó exportaciones por valor de aproximadamente 4.200 millones de euros, con destinos preferentes en Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
Esta concentración geográfica extrema convierte al clúster castellonense en uno de los ecosistemas industriales más especializados de la Unión Europea. La industria, dominada por empresas de tamaño mediano con escasa capacidad de deslocalización, opera con hornos de cocción continua que requieren temperaturas superiores a los 1.000 grados centígrados. Esa intensidad energética es consustancial al proceso productivo: no existe, a día de hoy, una alternativa tecnológica madura —ni el hidrógeno verde ni la electrificación directa de los hornos— que permita descarbonizar el proceso sin una inversión multimillonaria y sin perder competitividad frente a productores de China, India o Turquía, países que no están sujetos a ningún régimen de precios del carbono comparable.
De 56 a 163 millones: cómo se calcula la horquilla y qué la determina
La brecha entre las dos cifras que centran el debate —56 y 163 millones de euros— no es arbitraria. Refleja dos escenarios distintos en función de variables que aún están bajo negociación en Bruselas: el precio futuro del CO2 en el mercado de derechos de emisión y el ritmo al que se retiren las asignaciones gratuitas. El escenario bajo (56 millones) parte de un precio del carbono moderado y una retirada gradual de los derechos gratuitos. El escenario alto (163 millones) contempla un precio del carbono cercano a los niveles máximos registrados en 2023 y una reducción más acelerada de las asignaciones, en línea con la ambición climática que ha defendido la Comisión Europea. La diferencia entre ambos supone, en la práctica, la viabilidad o no de buena parte del tejido empresarial del sector.
Fuentes del sector señalan que el margen operativo medio de las empresas cerámicas castellonenses se sitúa en un rango del 5% al 10% sobre ventas en condiciones normales de mercado. Una carga adicional de entre 100 y 107 millones de euros —la diferencia entre ambos extremos de la horquilla— consumiría ese margen de forma integral en las empresas de menor tamaño, abocándolas al cierre o a la deslocalización. No se trata, subrayan los representantes empresariales, de un ajuste marginal, sino de una alteración estructural de la cuenta de resultados.
El precedente de la siderurgia y el debate sobre la 'fuga de carbono'
La industria cerámica no es la primera en enfrentarse a este dilema en el seno de la UE. A finales de la primera década del siglo XXI, la siderurgia europea —y en particular los grandes grupos como ArcelorMittal— protagonizó un debate de idéntica naturaleza sobre la compatibilidad entre los objetivos climáticos y la competitividad industrial. Entonces, la presión del sector logró mantener asignaciones gratuitas generosas bajo el argumento del riesgo de fuga de carbono, pero a cambio de compromisos de eficiencia que no siempre se cumplieron en los plazos previstos. Ese precedente es invocado ahora por el sector cerámico español como prueba de que la UE ha gestionado históricamente estas tensiones mediante periodos de transición más largos de lo inicialmente previsto.
La diferencia esencial entre ambos casos radica en la escala y la capacidad de lobbying. La siderurgia europea es un sector transnacional con actores de enorme peso político en Alemania, Francia y los países del Benelux, lo que le otorgó una influencia negociadora considerable en las instituciones comunitarias. La cerámica española, aunque relevante en términos absolutos, es un sector mucho más periférico en el tablero europeo, geográficamente concentrado en una sola provincia de un país que, además, ha tenido históricamente dificultades para proyectar sus intereses industriales en Bruselas con la misma eficacia que los grandes Estados miembros.
La respuesta del Gobierno español y las posiciones en juego
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a la Comisión Europea la preocupación del sector a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del Ministerio de Industria. En los contactos mantenidos en el marco del Consejo de Competitividad de la UE, la delegación española ha abogado por mantener asignaciones gratuitas para los sectores en los que la alternativa tecnológica de bajas emisiones no esté madura, alineándose en este punto con posiciones similares de Italia —el otro gran productor cerámico europeo— y con algunas de las reservas expresadas por el Gobierno alemán respecto al ritmo de descarbonización industrial.
La Comisión Europea, bajo la tutela de la comisaria de Acción Climática, defiende que la reducción de asignaciones gratuitas es indispensable para garantizar la integridad medioambiental del sistema ETS y para cumplir los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París. Bruselas argumenta que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), aprobado en 2023 y que comenzará a aplicarse de forma plena en 2026, protegerá a la industria europea de la competencia desleal de productores de terceros países sin precio del carbono. Sin embargo, el sector cerámico español objeta que el CBAM, en su configuración actual, no cubre de forma suficiente los productos cerámicos de uso en construcción o que la aplicación práctica del mecanismo presenta lagunas que los competidores asiáticos podrán explotar.
Por su parte, las organizaciones sindicales del sector —CC.OO. y UGT en Castellón— han expresado su alarma ante el posible impacto en el empleo, que el sector cifra en más de 15.000 puestos de trabajo directos en la provincia, a los que hay que sumar los empleos indirectos en logística, maquinaria y servicios auxiliares. Los sindicatos comparten con la patronal ASCER el diagnóstico sobre los riesgos de la transición acelerada, aunque difieren en las soluciones: mientras la patronal prioriza la prórroga de las asignaciones gratuitas, los sindicatos apuestan también por un fondo europeo de transición justa que financie la modernización tecnológica de las plantas.
Plazos, hitos regulatorios y qué puede cambiar a partir de ahora
El calendario regulatorio es determinante. La revisión de los benchmarks del ETS para el periodo 2026-2030, que es la que directamente afecta a la horquilla de costes mencionada, está siendo elaborada por la Comisión Europea y deberá ser adoptada mediante acto delegado antes de finales de 2024 o principios de 2025. Ese es el momento en que se fijarán los estándares de referencia que determinarán cuántos derechos gratuitos recibe cada instalación cerámica. El margen de influencia del sector se estrecha conforme se acerca esa fecha, lo que explica la intensidad de las gestiones de lobbying que se están llevando a cabo en Bruselas por parte de ASCER y de la asociación europea del sector, Cerame-Unie.
En paralelo, el CBAM comenzará su fase transitoria en octubre de 2023 y su aplicación plena en 2026, fecha en la que también se acelerarán las reducciones de asignaciones gratuitas. Si la Comisión no introduce modificaciones significativas en los benchmarks o no amplía las salvaguardas para sectores como el cerámico, el impacto sobre la industria castellonense podría comenzar a materializarse en los balances de 2026 y 2027. Para entonces, las empresas que no hayan iniciado procesos de inversión en eficiencia energética o en tecnologías de bajas emisiones se encontrarán en una posición de mayor vulnerabilidad. El sector pide, como mínimo, que la revisión de los benchmarks tome como referencia las instalaciones más eficientes de Europa —no un promedio inalcanzable— y que se establezca un fondo específico de innovación industrial para sectores de alta temperatura que, a diferencia del acero o el cemento, han recibido hasta ahora una atención institucional comparativamente menor.
