El diagnóstico europeo: dependencia fiscal del trabajo por encima de la media UE
El informe de recomendaciones que la Comisión Europea ha remitido a España en el marco del Semestre Europeo 2025 contiene una advertencia que el Ministerio de Hacienda ha recibido con escaso entusiasmo. Bruselas constata que los ingresos procedentes de los impuestos sobre los rendimientos del trabajo explican el 90% del incremento de la presión fiscal española durante la última década, y que el peso de esa categoría tributaria en el total de recaudación ya supera la media de la Unión Europea: 51,8% en España frente al 51,4% del promedio comunitario, según los datos de Eurostat incorporados al propio informe.
La diferencia porcentual puede parecer modesta, pero esconde una tendencia estructural que Bruselas vincula directamente a la decisión del Gobierno de no deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante el ciclo inflacionista 2022-2024. Cuando los precios suben y los tramos del impuesto no se ajustan, los contribuyentes tributan como si hubieran mejorado su capacidad económica real cuando, en la mayoría de los casos, únicamente han recuperado poder adquisitivo perdido. Es lo que los economistas denominan 'progresividad en frío' o 'ilusión fiscal': el Estado recauda más sin modificar formalmente los tipos.
La progresividad en frío como estrategia de ingresos: lo que Bruselas aceptó y ahora cuestiona
El mecanismo tiene una historia reciente en la negociación bilateral entre Madrid y Bruselas que añade una capa de complejidad política al asunto. El Gobierno de coalición logró que la Comisión Europea le aceptara la no deflactación del IRPF como medida de reforma fiscal dentro del plan fiscal estructural de España, el instrumento que substituye al antiguo Programa de Estabilidad bajo el nuevo marco de gobernanza económica de la UE. Dicho plan contempla unos ingresos adicionales de en torno al 0,1% del PIB anuales —aproximadamente 1.600 millones de euros en 2026— generados por esta vía hasta el año 2030.
Que la propia Comisión señale ahora ese mecanismo como un problema en su informe de recomendaciones no es necesariamente una contradicción institucional, pero sí ilustra la tensión entre los distintos brazos de Bruselas: la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN), que negocia los planes fiscales, y los servicios de análisis estructural que elaboran las recomendaciones por país. La señal que llega a Madrid es ambivalente: han validado el instrumento como herramienta de consolidación fiscal, pero advierten de sus consecuencias distributivas y de competitividad laboral.
España no es el primer país de la OCDE que utiliza la progresividad en frío como palanca de ingresos implícita. Alemania, Italia o Francia han recurrido en distintos momentos a la congelación de tramos, aunque en general los periodos de alta inflación han activado ajustes parciales o automáticos. En el caso español, el antecedente más prolongado de no actualización se remonta a los años de ajuste posteriores a la crisis de 2008, cuando los sucesivos gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy congelaron o recortaron los mínimos personales y familiares. Desde 2015, esos mínimos no se han movido: 5.550 euros por contribuyente, con suplementos de 1.150 euros a partir de los 65 años y de 1.400 euros a partir de los 75.
El coste en euros: qué mide el Reaf y a quién afecta más
La estimación más citada en el debate público proviene del Registro de Asesores Fiscales (Reaf), organismo vinculado al Consejo General de Economistas. Su cálculo sitúa el perjuicio para las rentas bajas y medias en una horquilla de entre 250 y 770 euros anuales para el ejercicio 2025, cifra que crece año a año al componer el efecto de la congelación sobre una base salarial que sí se ha ido actualizando, aunque por debajo de la inflación acumulada en el periodo 2022-2024, que el INE cifró en torno al 20% entre enero de 2022 y diciembre de 2024.
El impacto no es homogéneo. Según el análisis del Reaf, las rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales concentran el mayor daño relativo, precisamente porque los mínimos personales y familiares —concebidos como zona de no tributación para garantizar la subsistencia— han perdido valor real al mantenerse estáticos mientras el coste de vida escalaba. Un contribuyente con dos hijos a cargo y un salario de 25.000 euros brutos no tributa sobre la misma capacidad económica real en 2025 que en 2015, aunque el IRPF lo trate formalmente igual. El mínimo por el primer hijo son 2.400 euros; por el segundo, 2.700; por el tercero, 4.000; y por el cuarto y siguientes, 4.500. Ninguna de esas cifras ha variado en diez años.
El divulgador económico Jon González ilustró este fenómeno con datos del propio IRPF, difundidos a través de redes sociales durante los primeros meses de 2025, demostrando que incluso las rentas bajas han visto reducido su poder adquisitivo neto desde 2018 como consecuencia de la política fiscal aplicada, contradiciendo el relato oficial que ha circunscrito los efectos de la no deflactación exclusivamente a las rentas medias-altas.
Una mayoría parlamentaria sin capacidad ejecutiva inmediata
El 22 de abril de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción presentada por el Partido Popular en la que se instaba al Gobierno a deflactar el IRPF. Votaron a favor el PP, Vox, Junts per Catalunya, Coalición Canaria y UPN; se abstuvo el PNV. El resultado evidenció una mayoría aritmética favorable a la actualización, la más amplia registrada en el Parlamento sobre esta cuestión desde que el debate se intensificó tras el repunte inflacionista de 2022.
Sin embargo, las mociones aprobadas en el Congreso no tienen fuerza vinculante sobre el Ejecutivo en el sistema constitucional español. El Gobierno no está obligado a modificar la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por imperativo parlamentario, salvo que esa voluntad se traduzca en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado —actualmente prorrogados desde 2023— o en una proposición de ley con mayoría suficiente para su tramitación y aprobación. El Ejecutivo carece de mayoría propia en la Cámara para bloquear esa vía, pero la fragmentación del arco parlamentario hace que articular una proposición de ley con recorrido real sea igualmente compleja.
La posición del Gobierno y la fisura interna de la coalición
El Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España desde el relevo de María Jesús Montero en la cartera, ha mantenido hasta la fecha la posición de que la deflactación beneficiaría principalmente a las rentas altas y supondría una merma de recursos para financiar gasto social. Este argumento, reiterado en distintas comparecencias parlamentarias, choca frontalmente con los datos del Reaf y con el análisis de la Comisión Europea, que no hace distinción de ese tipo en sus recomendaciones.
La fisura más llamativa ha llegado desde dentro del propio Gobierno. Sumar, socio minoritario en la coalición, admitió durante la última comparecencia del ministro España en el Congreso que existe margen para aliviar el impacto de la no deflactación sobre los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales. No se trata de un apoyo a la deflactación general de la tarifa, pero sí de un reconocimiento implícito de que la política actual tiene un coste distributivo que la formación liderada por Yolanda Díaz considera corregible sin cuestionar el marco general.
La presión gremial y el argumento jurídico de la capacidad económica
Más allá del debate político, las organizaciones profesionales del sector tributario han articulado una crítica de fondo con respaldo doctrinal. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, ha argumentado que la no actualización del IRPF vulnera el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución Española, que exige que el sistema tributario grave la riqueza real, no la nominal. La inflación, en este razonamiento, convierte en ficticia la mejora salarial sobre la que se aplica el impuesto.
La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha ido más lejos en su reclamación formal al Ministerio de Hacienda, incluyendo en su carta tres peticiones concretas: la deflactación de la tarifa, la revisión al alza de los mínimos personal y familiar, y la actualización del límite de renta del ascendiente a cargo, fijado en 8.000 euros desde hace más de una década. Este último umbral provoca que, con la inflación acumulada, cientos de familias que conviven con sus progenitores queden automáticamente excluidas cada año del beneficio fiscal por ascendiente a cargo, un fenómeno con consecuencias directas sobre los modelos de cuidado y la cohesión social.
Plazos y escenarios: qué puede ocurrir antes de la próxima declaración
El calendario fiscal marca los ritmos del debate. La campaña de la Renta 2025 se iniciará previsiblemente en la primavera de 2026, lo que deja un margen estrecho para que cualquier reforma tenga efecto sobre ese ejercicio. Para que la deflactación se aplique a los rendimientos de 2025, el Gobierno debería aprobar la modificación legal antes del cierre de ese año fiscal, bien a través de un Real Decreto-Ley —que exigiría justificar urgencia y obtener convalidación parlamentaria— bien mediante una ley ordinaria que, dado el estado de prórroga presupuestaria, tendría que articularse como proposición de ley o proyecto de ley específico.
La presión internacional añade un factor de legitimidad externa que el Gobierno difícilmente podrá ignorar a medio plazo. El FMI y la OCDE han señalado en sus informes de los últimos dos años el excesivo peso de la fiscalidad sobre el trabajo en España como un freno estructural a la creación de empleo formal en un mercado laboral que, pese a registrar tasas de ocupación históricamente altas en términos absolutos, mantiene una tasa de paro —en torno al 11% según la EPA del cuarto trimestre de 2024, publicada por el INE— impropia del estadio de desarrollo económico del país. Si en los próximos Presupuestos Generales —cuya negociación sigue bloqueada— el Gobierno intenta retomar la senda de la consolidación fiscal exigida por Bruselas, la deflactación parcial del IRPF podría convertirse en moneda de cambio política con socios parlamentarios que hasta ahora han votado en contra de sus posiciones en esta materia.
