El texto introducido por los socialistas españoles modificaría el reglamento que regula los incentivos a la industria comunitaria para que las autoridades nacionales y la Comisión Europea "procuren conceder el trato más favorable y la aplicación más flexible de las disposiciones del presente capítulo a los productos, servicios e inversiones originarios de terceros países que ya mantengan asociaciones o acuerdos comerciales con la Unión". Marruecos encaja en ese supuesto desde que firmó su Acuerdo de Asociación con la UE, vigente desde 2000 y ampliado después con sucesivos protocolos agrícolas y pesqueros.
La firma de la enmienda recae en Nicolás González Casares, Javier Moreno Sánchez, Leire Pajín, Idoia Mendia, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, Sandra Gómez López, Lina Gálvez, Juan Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel, Hana Jalloul Muro y Laura Ballarín Cereza, los doce eurodiputados del grupo socialista en la Eurocámara. El argumento que acompaña al texto apela a "preservar la integración económica y la continuidad de las cadenas de valor estratégicas con dichos socios", una fórmula que no cita a Marruecos pero que, según el PP, lo tendría como principal beneficiario potencial.
Fuentes del PP en el Parlamento Europeo advierten de que la medida permitiría que "algunos componentes industriales fabricados en Marruecos sean considerados equivalentes a los europeos a efectos de determinadas ayudas públicas". Los populares sostienen que la posición mayoritaria de la cámara limita ese trato preferente a los productos de la Unión Europea, el Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio —Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza—, y reclaman un filtro previo para el resto.
"Países como Marruecos deberían superar antes una evaluación que garantice reciprocidad real y reglas de origen claras", afirman fuentes parlamentarias del PP en el Parlamento Europeo.
El reglamento conocido como Ley de Aceleración Industrial forma parte del paquete de instrumentos con que la Comisión Europea pretende reducir la dependencia europea de terceros mercados en sectores considerados estratégicos —semiconductores, baterías, hidrógeno limpio o componentes para energías renovables— tras las disrupciones de las cadenas de suministro que se evidenciaron durante la pandemia y, después, con la guerra en Ucrania. La norma se negocia ahora a dos bandas entre el legislativo europeo y el Consejo Europeo, el organismo que reúne a los líderes de cada Estado miembro, antes de que el texto consensuado vuelva al pleno.
Más de 80.000 entradas en Ceuta en julio
La discusión legislativa llega en un momento de tensión bilateral entre España y Marruecos. Entre el 30 y el 31 de julio se produjo una entrada masiva de más de 80.000 personas migrantes en situación irregular hacia Ceuta a través de la frontera terrestre y marítima, un episodio que coincidió con incursiones de embarcaciones marroquíes en aguas españolas durante esas mismas fechas, según desveló El País. Ambos hechos reavivaron el debate sobre la gestión de la frontera sur y sobre el papel de Rabat como socio en el control migratorio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a la actuación marroquí durante aquella crisis en una entrevista en La Sexta, en la que defendió la respuesta de las autoridades del país vecino. Llegó a sostener que habían tratado "de gestionar la avalancha de una manera inteligente", una valoración que atribuyó a la voluntad de "producir el menor daño posible a esos migrantes".
"Diez horas después, vimos a un Marruecos mucho más activo, más movilizado", declaró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una entrevista en La Sexta.
Esas declaraciones alimentaron las críticas de la oposición, que reprocha al Ejecutivo una posición que considera condescendiente con Rabat en materia migratoria y comercial. "El PSOE español se ha vuelto a convertir en el principal defensor en Bruselas de los intereses de Marruecos", subrayan los populares a propósito de la enmienda.
El Acuerdo de Asociación UE-Marruecos no es ajeno a la controversia jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en 2021, y de nuevo en 2024, las prórrogas de los protocolos agrícola y pesquero por extender beneficios comerciales a productos originarios del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su población, en un litigio que enfrentó a las instituciones comunitarias con el Frente Polisario. Esa jurisprudencia obligó a Bruselas a renegociar los términos de la relación comercial con Rabat y añade fricción legal a cualquier ampliación de beneficios industriales hacia el país magrebí.
Marruecos ocupa una posición destacada en la política de diversificación de suministros de la Unión Europea, especialmente en materias primas críticas para la transición energética y en componentes de la industria automotriz, sector en el que ha atraído inversiones de fabricantes europeos que buscan reducir costes laborales sin salir del área de influencia comercial comunitaria. Esa centralidad explica el interés de Rabat en plataformas regulatorias como la que ahora se negocia en Bruselas, aunque el reglamento no lo mencione por su nombre.
El resultado de la negociación entre el Parlamento y el Consejo determinará si la fórmula que proponen los doce eurodiputados del PSOE llega finalmente al texto que deberá votar el pleno del Parlamento Europeo, un proceso legislativo que avanza en paralelo a otros expedientes de calado para España, como el primer préstamo del instrumento Safe que España firmó por 1.000 millones de euros para defensa.
La enmienda deberá someterse a votación en el Parlamento, y su encaje definitivo depende de las conversaciones en curso con el Consejo Europeo.