El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumió estas competencias tras la reestructuración ministerial de 2021, que trasladó buena parte de la gestión migratoria desde el Ministerio del Interior hacia una cartera con vocación más social. Desde entonces, el epígrafe 231H concentra el grueso del gasto directo del Estado en acogida humanitaria e inclusión de personas migrantes, un capítulo que se ha reforzado de forma sucesiva en los últimos ejercicios.
Más allá del presupuesto de Saiz, no existe a día de hoy una cifra oficial consolidada que recoja el gasto total —directo e indirecto— que el conjunto de las administraciones públicas españolas destina a la gestión de la inmigración. El gasto migratorio se reparte entre múltiples ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, sin que exista una partida única ni un mecanismo de contabilidad centralizado que permita sumar todas las cifras con criterios homogéneos.
El informe de fiscalización que sigue sin publicarse
Esa ausencia de datos consolidados es precisamente el objeto de la fiscalización que el Tribunal de Cuentas aprobó hace ahora un año, a petición de Vox, y que en octubre de 2025 logró el respaldo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso y el Senado, con los votos favorables del PP. La iniciativa salió adelante pese al rechazo de PSOE y Sumar, que según Vox calificaron entonces de «racista» la solicitud. Transcurrido un año desde su aprobación, el órgano fiscalizador no ha hecho público ningún avance sobre el estado de los trabajos ni una fecha estimada de publicación.
El Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes Generales y regulado por la Ley Orgánica 2/1982, tiene entre sus funciones fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público, incluidas las cuentas del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Sus informes, sin embargo, no tienen plazos de entrega vinculantes fijados por ley para cada encargo específico, lo que en la práctica permite dilaciones de meses o años sin un mecanismo de exigencia ante el propio tribunal.
Fuentes de Vox consultadas sostienen que el retraso constituye, en sus palabras, «un robo y un auténtico latrocinio a los españoles», y denuncian que el gasto en inmigración responde a lo que describen como «un entramado opaco de sinfín de partidas presupuestarias derivadas de diferentes ministerios, no sólo el de Migración». El partido de Santiago Abascal reclama que a la inversión del Estado se sume la de comunidades autónomas y ayuntamientos, que a su juicio también destinan «cientos de millones de euros» sin que exista tampoco para ellas una contabilidad unificada.
El think tank Neos, presidido por el ex ministro Jaime Mayor Oreja, ha sido hasta ahora la única entidad que ha intentado ofrecer una cifra agregada: en su informe «Inmigración en España: Buenismo o Eficacia» estima que el coste total para las arcas públicas superaría los 30.000 millones de euros anuales, si bien se trata de una estimación de un organismo privado y no de un dato oficial verificado por ninguna institución fiscalizadora.
El reparto del decreto de Ceuta
La discusión sobre el gasto migratorio se ha reavivado esta semana a raíz del Real Decreto-ley aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros, que moviliza 278 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para la ciudad autónoma de Ceuta. De esa cifra, alrededor del 42% —unos 116,38 millones de euros— se destinaría de forma directa a atender necesidades derivadas de la presión migratoria, repartidos entre cuatro ministerios: 53,48 millones para la partida de Acciones para los inmigrantes gestionada por Inclusión, 62,96 millones para la atención a menores extranjeros no acompañados a través del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, y 3,5 millones adicionales para gastos sanitarios extraordinarios.
Vox ha criticado que el decreto «prioriza a los ilegales» en detrimento de la población ceutí, y ha recordado el episodio en el que el pleno del Ayuntamiento de Ceuta declaró persona non grata a Santiago Abascal tras sus declaraciones sobre la situación migratoria en la ciudad, una decisión que el partido atribuye al respaldo del resto de fuerzas de la corporación local.
El Gobierno defiende que Ceuta, junto con Melilla, constituye un caso singular dentro de la política migratoria española por su condición de frontera terrestre con Marruecos y su papel como puerta de entrada a la Unión Europea, lo que históricamente ha generado episodios de presión intensa. El Ejecutivo sostiene que las ayudas responden a compromisos de solidaridad interterritorial y a obligaciones derivadas del régimen de acogida humanitaria previsto en la legislación de extranjería y asilo, así como en la normativa europea sobre protección internacional.
Desde el punto de vista normativo, la acogida a personas migrantes en España se rige por la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros y por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo, que obligan al Estado a garantizar unas condiciones mínimas de acogida a quienes solicitan protección internacional mientras se resuelve su expediente, con independencia de su situación administrativa. Estas obligaciones derivan además de compromisos internacionales suscritos por España, entre ellos la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
El precedente más citado en este debate es la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas llegaron a la ciudad más de 8.000 personas procedentes de Marruecos, un episodio que el propio Gobierno calificó entonces de crisis diplomática y que derivó en un refuerzo extraordinario de medios policiales y de acogida. Aquel suceso marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la vulnerabilidad de las fronteras españolas en el norte de África.
PSOE y Sumar no han facilitado hasta el momento una valoración detallada sobre las cifras concretas del decreto de Ceuta más allá de las notas oficiales del Consejo de Ministros, mientras que el PP, sin cuestionar la necesidad de ayudas a la ciudad autónoma, ha reclamado mayor transparencia en el desglose del gasto y ha insistido en que el Tribunal de Cuentas complete cuanto antes la fiscalización pendiente.
A falta de que el Tribunal de Cuentas fije una fecha de publicación, el debate sobre el coste real de la política migratoria seguirá previsiblemente en la agenda parlamentaria en los próximos meses, especialmente de cara a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, donde la partida 231H y el resto de fondos ministeriales vinculados a migración volverán a ser objeto de escrutinio y enmiendas por parte de la oposición.
