Mendrek-Laske, madre de cuatro hijos, sostuvo que confiaba en que la administración Trump concentraría el control migratorio en personas con antecedentes delictivos y no en trabajadoras que llevan más de una década cumpliendo con cada citación. "No creo que esto sea realmente por lo que voté si mi voto fue a favor de la reforma migratoria", declaró a Newsweek, y añadió que pensaba que el objetivo eran "los delincuentes".
La abogada de Basele, Leslie Giron Kirby, explicó que su clienta ingresó por primera vez a territorio estadounidense en 1995 con una visa de visitante, junto a su esposo, antes de regresar a Kenia. Una década después, en septiembre de 2005, volvió a entrar con una visa R2, como dependiente de la visa de trabajo religioso R1 que sostenía su esposo entonces.
La situación migratoria de Basele se complicó tras su divorcio, lo que derivó en una orden definitiva de expulsión emitida el 22 de junio de 2011. La apelación que presentó ante la Junta de Apelaciones de Inmigración fue rechazada el 20 de junio de 2012. En agosto de ese año, según Kirby, las autoridades establecieron una orden de supervisión que le permitió permanecer en el país bajo controles periódicos y con un permiso de trabajo vigente.
La defensa sostiene que, durante los 14 años siguientes, Basele cumplió sin excepción con cada una de sus citas ante las autoridades migratorias. "Es difícil conciliar el hecho de que el gobierno supervisara la presencia continua de una persona durante 14 años con la afirmación de que ella se negó 'deliberadamente' a marcharse", declaró Kirby a Newsweek. Para la abogada, fueron las propias autoridades las que autorizaron y vigilaron esa permanencia todo ese tiempo.
El 15 de julio de 2026, el DHS emitió una Notificación de Infracción y Orden mediante la cual impuso las sanciones civiles millonarias, documento al que tuvo acceso Newsweek. El texto afirma que Basele "incumplió o se negó deliberadamente a abandonar los Estados Unidos de conformidad con la orden". El gobierno estadounidense mantiene, como criterio general, que aplica la ley migratoria vigente cuando existe una orden de expulsión firme.
Una orden de supervisión que se ejecuta 14 años después
El expediente ilustra el funcionamiento de las llamadas órdenes de supervisión, un mecanismo mediante el cual el ICE puede diferir la ejecución de una expulsión firme y mantener al extranjero bajo controles periódicos con permiso de trabajo, sin que ello extinga la orden de fondo. Esa figura permite a las autoridades reactivar el proceso de remoción cuando lo consideren pertinente, incluso años después de haberlo suspendido de facto, un margen de discrecionalidad que está en el centro de la controversia.
El caso se inscribe en la política de aplicación migratoria reforzada del segundo mandato de Trump, iniciado en enero de 2025, que ha ampliado el margen de actuación del ICE frente a personas con órdenes de expulsión pendientes, incluidas quienes llevaban años bajo supervisión formal y sin antecedentes penales. Episodios en los que las medidas alcanzan a empleadas domésticas, cuidadoras o trabajadores agrícolas de votantes republicanos han generado reacciones públicas de desacuerdo entre parte de ese electorado, como la propia Mendrek-Laske.
Para la comunidad colombiana en EE. UU. —una de las diásporas latinoamericanas más numerosas del país—, casos como este resultan sensibles: numerosos connacionales con procesos abiertos ante cortes de inmigración siguen con atención cómo se interpretan las órdenes de supervisión y qué facultades conservan las autoridades para ejecutar expulsiones tras suspenderlas. La lógica de revisión de decisiones administrativas migratorias en EE. UU. difiere de la colombiana, donde controversias de esa naturaleza se dirimen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en última instancia, el Consejo de Estado.
El desenlace dependerá de las siguientes actuaciones judiciales y administrativas, incluida la posibilidad de que la defensa impugne tanto la detención como las sanciones civiles ante las cortes migratorias competentes. Hasta el momento no se conoce una fecha para una eventual audiencia ni si el DHS mantendrá la cuantía de la multa impuesta.
