La proposición aprobada por la plenaria establece textualmente: "Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030". El texto fue avalado por una mayoría de senadores, aunque la corporación no precisó los detalles logísticos del acto.
Lo que no quedó resuelto en la sesión es si la ceremonia podrá desarrollarse en una guarnición militar, escenario que, según el material disponible, es la preferencia del propio De La Espriella. Ese punto seguirá siendo objeto de coordinación en las próximas semanas entre la mesa directiva del Senado, el gobierno saliente y el equipo de empalme del presidente electo.
La posesión presidencial en Colombia está regulada por el artículo 192 de la Constitución Política, que dispone que el presidente tomará posesión ante el Congreso de la República o, si ello no fuere posible, ante la Corte Suprema de Justicia, y en defecto de esta ante dos testigos. La norma no obliga a que el acto se realice en Bogotá, lo que abre la puerta a definir una sede distinta cuando circunstancias políticas o simbólicas lo justifiquen.
El traslado de la sede plena del Congreso fuera de Bogotá para una posesión no es una práctica habitual en la historia republicana reciente. El grueso de los relevos presidenciales de las últimas décadas se ha surtido en la capital, principalmente en la plaza de Bolívar frente al Capitolio Nacional. La escogencia del Cauca —departamento con hondos conflictos sociales y de orden público— añadió al debate en la plenaria la lectura política y simbólica del escenario elegido.
En paralelo a la discusión legislativa, el equipo de gobierno del presidente electo continúa en fase de conformación. El pasado 9 de julio, De La Espriella confirmó la designación de Miller Soto y Carolina Gómez como sus voceros en la Casa de Nariño, con la misión de comunicar las decisiones del futuro Ejecutivo y fortalecer la relación con los medios de comunicación y la ciudadanía.
Soto es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona, en Italia. Su trayectoria pública incluye tres periodos como concejal de Barranquilla y cargos de asesoría en el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la alcaldía de esa ciudad.
Este jueves 23 de julio, un mensaje publicado por Soto en su cuenta de la red social X generó una ola de reacciones. "Este país está lleno de problemas. La gente necesita y quiere soluciones… Y en eso debe centrarse la política", escribió el vocero designado, para luego añadir: "Los políticos que, en lugar de soluciones, se vuelven problema, resultan inútiles y aburridores. Por eso ganó @ABDELAESPRIELLA… Porque lo entendió".
La publicación se inscribe en un contexto de tensión pública entre el entorno de Petro y el del presidente electo en las semanas previas al relevo de mando. Hasta el momento, el propio De La Espriella no se ha pronunciado directamente sobre el mensaje de su vocero, y desde el gobierno saliente tampoco se ha emitido una respuesta oficial sobre el señalamiento.
El relevo del 7 de agosto marcará el cierre del periodo constitucional 2022-2026 y el inicio del cuatrienio 2026-2030. La transición de mando, uno de los momentos institucionales de mayor peso en la democracia colombiana, ha estado históricamente rodeada de un protocolo estricto coordinado entre la Presidencia saliente, el Congreso y las Fuerzas Militares, encargadas de la logística de seguridad.
De cara a las próximas dos semanas, quedan por definir aspectos como el lugar exacto dentro del Cauca donde se realizará la ceremonia, el protocolo de seguridad para un acto que suele reunir a delegaciones internacionales y la eventual participación de mandatarios extranjeros. En el ordenamiento colombiano corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la organización electoral surtir los trámites de la declaratoria de elección, paso previo a la posesión.
El Congreso, entre tanto, continuará su actividad legislativa ordinaria mientras se define el empalme entre los dos gobiernos, un proceso reglado que obliga a las entidades del Ejecutivo saliente a entregar informes detallados de gestión al equipo entrante antes del cambio de mando.
