El viceministro de Obras Públicas y de Transporte, Nelson Reyes, expuso ante los diputados el contenido de la iniciativa, que propone incorporar el artículo 118-A a la normativa de tránsito. La disposición otorgaría a gestores e inspectores la potestad de retener de forma preventiva o administrativa vehículos y documentos cuando las condiciones de la unidad constituyan un riesgo para la circulación.
Como ejemplo de aplicación, la propuesta cita los vehículos de carga y transporte colectivo de más de ocho toneladas que circulen con llantas en mal estado o luces defectuosas. El paquete reforma también el artículo 14 para permitir que el VMT habilite y administre instalaciones estatales como puntos autorizados para realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV), con prioridad para las unidades de carga y transporte colectivo.
En materia penal, la iniciativa plantea reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que endurecerían las sanciones contra la conducción peligrosa. Se contemplan penas de hasta 10 años de prisión por homicidio o lesiones culposas derivadas de siniestros viales, y de hasta 15 años cuando el responsable sea conductor de autobuses o vehículos de carga.
Otro punto del paquete busca excluir la conciliación, la mediación y la reparación del daño como mecanismos para finalizar el proceso penal en estos casos. La exclusión impediría que un conductor señalado por un siniestro vial con víctimas cierre el proceso mediante un acuerdo con la parte afectada, salida que la legislación procesal vigente admite para determinados delitos culposos.
Coordinación entre Ejecutivo y Fiscalía
Villatoro explicó ante la comisión que las reformas fueron trabajadas de forma coordinada entre el Órgano Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y el Viceministerio de Transporte, bajo instrucciones del presidente Nayib Bukele. El ministro de Seguridad señaló que la propuesta se sustenta en la información y la experiencia acumulada en los casos que se conocen diariamente en los tribunales del país, y llamó al Órgano Legislativo a acompañar las iniciativas.
El endurecimiento penal reproduce la línea que el Gobierno ha aplicado desde marzo de 2022 con el régimen de excepción y sus sucesivas reformas al Código Penal, que elevaron penas y restringieron salidas alternas al proceso. El tratamiento de los siniestros viales con penas agravadas y sin conciliación extiende ahora ese esquema a un ámbito distinto del de las pandillas.
Las medidas fueron presentadas como parte del paquete de reformas en discusión en la Comisión de Seguridad y Justicia, encargada de continuar su análisis. El expediente se suma a otros procesos recientes vinculados a la actividad de los tribunales, entre ellos la condena a cadena perpetua dictada contra dos pandilleros de la MS-13 en San Salvador.
