El régimen de excepción suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones, y ha sido prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa desde su aprobación. Bajo ese marco, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han ejecutado decenas de miles de capturas que el Órgano Ejecutivo vincula a estructuras de pandillas, entre ellas la MS-13 y las facciones del Barrio 18.
El anuncio plantearía la revisión de casos individuales con miras a una liberación condicionada, sin que se conozcan todavía los criterios jurídicos que definirían quiénes calificarían para ese beneficio ni el procedimiento judicial que lo haría efectivo. Tampoco se ha precisado si operaría mediante reforma legal o a través de resoluciones individuales de los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia que llevan las causas.
El vicepresidente de la República se habría referido recientemente a una magnitud de personas capturadas bajo el régimen, cifra que coincidiría con la mitad que ahora se plantea como objeto de revisión, de acuerdo con lo recogido en el anuncio presidencial.
Una revisión masiva implicaría, en la práctica, que los juzgados de instrucción y los tribunales de sentencia competentes reexaminen individualmente los expedientes de los capturados por agrupaciones ilícitas u otros delitos conexos, para determinar si procede sustituir la detención provisional por otras medidas cautelares o el sobreseimiento. La Fiscalía General de la República mantiene la titularidad de la acción penal en estos procesos y sería, en principio, la instancia llamada a pronunciarse sobre cualquier revisión de las acusaciones ya formuladas.
Desde el inicio del régimen, se han documentado capturas que derivaron en sobreseimientos por falta de pruebas y denuncias de personas fallecidas bajo custodia estatal. El volumen de causas superó con creces al que los juzgados tramitaban antes de marzo de 2022, lo que ha generado un cúmulo de expedientes pendientes de resolución final. Los tribunales han dictado condenas de cadena perpetua en causas vinculadas a estas estructuras.
El país afrontó procesos judiciales masivos tras las negociaciones de desmovilización de pandillas de años anteriores, aunque el régimen de excepción vigente desde 2022 no tiene precedente directo en la historia reciente por el volumen de capturas y la suspensión simultánea de garantías procesales a esa escala.
Mientras no se precisen los mecanismos legales para instrumentar una liberación condicionada de esta magnitud, la medida permanece en el plano del anuncio, sin que conste un proyecto de decreto o reforma remitido a la Asamblea Legislativa que la desarrolle. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido en el pasado demandas de inconstitucionalidad contra distintos aspectos del régimen, varias aún pendientes de resolución.