Aceptemos la primera premisa, que es la más noble: hay necesidad de liquidez para proyectos de salud pública. Lo dice el propio material, y nadie en su sano juicio discutiría que un hospital para el parto y la primera infancia es una prioridad. Concedido. La salud materno-infantil no se negocia, y quien la financia hace bien. Vamos por buen camino.
Aceptemos la segunda premisa, que es la del método: la CAF ha financiado proyectos de infraestructura social y hospitalaria en toda Centroamérica, y el endeudamiento con organismos multilaterales es una línea recurrente de los gobiernos salvadoreños desde la década de 1990. No estamos, pues, ante una ocurrencia reciente ni ante un invento de esta administración. Concedido también: pedir prestado a la CAF para construir es, por decirlo con suavidad, una tradición nacional. Siga usted conmigo.
Aceptemos la tercera premisa, que es la de la gestión ordenada: la misma jornada aprobó una reforma presupuestaria que redistribuye $78 millones del Presupuesto General de la Nación 2026 entre ocho instituciones, para cubrir obligaciones prioritarias en el último trimestre. Es un ejercicio habitual cuando se acerca el cierre del año fiscal, nos explican, porque distintas carteras reportan déficits operativos. Concedido una vez más: el fin de año trae frío, aguinaldos y reasignaciones, como trae la cosecha de café. Nada que objetar al calendario.
Aceptemos incluso la cuarta, la del rigor institucional: antes de llegar al pleno, la reasignación pasó por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la misma instancia que semanas atrás avaló un préstamo de $50 millones del BID para el censo económico. Hay comisión, hay dictamen, hay aval, hay acta de la sesión plenaria de este jueves pendiente de publicación en el Diario Oficial. Todo el aparato funcionó. Concedido por cuarta vez: el procedimiento fue impecable. Y ahora, con las cuatro premisas en la mano, hagamos la única pregunta que el material no responde.
¿Dónde está el nido? El material disponible no precisa la ubicación de la obra ni su cronograma de ejecución. Léalo usted despacio: se ratificó un crédito de $75 millones para construir algo cuyo lugar se desconoce y cuyo calendario no consta. Setenta y cinco millones de dólares, que el país habrá de devolver con intereses, destinados a una edificación que carece, por ahora, de dirección postal y de fecha de inicio. El Salvador sabe cuánto va a pagar; no sabe todavía dónde ni cuándo recibirá lo pagado.
Escribió Salarrué, que conocía el país por dentro, aquella frase sencilla de los cuentos de barro: «hay cosas que se saben y cosas que se sienten». La contabilidad pública pertenece, por desgracia para la poesía, al primer grupo: se saben o no se saben, y un préstamo sin obra localizada es un dato que se siente mucho pero se sabe poco. Conviene recordar, además, que el financiamiento multilateral sostuvo buena parte de la reconstrucción de posguerra tras los Acuerdos de Paz del 92: entonces también se pidió prestado para levantar lo que la guerra había tumbado, pero se sabía qué puente, qué escuela, qué camino. El crédito tenía domicilio.
Y aquí es donde la lógica, llevada en serio hasta el final, revienta sola. Si las cuatro premisas son ciertas —la necesidad es urgente, el instrumento es legítimo, la reasignación es rutinaria y el procedimiento fue impecable—, entonces hemos aprobado con toda la solemnidad del Salón Azul un gasto perfectamente tramitado sobre un objeto que aún no existe en el mapa. La máquina institucional funcionó a la perfección para avalar un vacío. Es el rigor aplicado con tal precisión que termina certificando lo que todavía no puede certificarse: el aval de una comisión, el voto de una mayoría y la firma de un acta para un nido que nadie ha visto.
Dirán ustedes, con razón, que para eso existe la Corte de Cuentas de la República, encargada constitucionalmente de auditar el uso de los fondos públicos. Es verdad. Pero lea usted de nuevo la condición: la Corte audita «una vez ejecutados los proyectos». Es decir, el fiscalizador llega después de que el nido se haya construido —o de que no se haya construido—, cuando los $75 millones ya tengan destino, cualquiera que este sea. La vigilancia, en este orden de las cosas, no acompaña al dinero: lo persigue cuando ya voló.
De modo que la pregunta queda colgada, y es una sola, sin retórica: cuando la Corte de Cuentas de la República acuda, años después, a auditar los $75 millones del proyecto El Nido, ¿a qué lugar exacto del país deberá presentarse a comprobar que la obra se levantó?
