El planteamiento se inscribe en el contexto del régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, bajo el cual miles de personas han sido procesadas por agrupaciones ilícitas y otros delitos vinculados al crimen organizado. Parte de esos procesos ha alcanzado a personas calificadas como colaboradoras, categoría que distingue entre quienes habrían aportado apoyo logístico o económico a las estructuras y quienes integran directamente una pandilla.
Torres señaló que cualquier revisión de casos de colaboradores requiere distinguir entre quienes actuaron de manera voluntaria y quienes lo hicieron bajo coacción. Las estructuras pandilleriles obligaron durante años a comerciantes, transportistas y vecinos a entregar dinero o favores bajo amenaza, un patrón que marcó la vida en zonas bajo su control antes de la implementación de la medida.
El especialista subrayó que el país aún enfrenta retos para consolidar una paz social duradera, pese a la reducción de homicidios que las autoridades atribuyen al régimen de excepción. Esa reducción ha sido uno de los argumentos del Órgano Ejecutivo para sostener las sucesivas prórrogas de la medida, aprobadas mes a mes en la Asamblea Legislativa desde su entrada en vigor.
La propuesta apunta a que cualquier excarcelación de colaboradores no se resuelva por vía administrativa o política, sino mediante criterios que permitan a los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia evaluar caso por caso la situación procesal de cada persona. Ello implicaría revisar expedientes individuales, el tipo de colaboración atribuida y las circunstancias en que habría ocurrido, antes de considerar medidas como la libertad condicional o el sobreseimiento.
Torres insistió en que esa revisión no debe hacerse de espaldas a las víctimas de las pandillas, un sector que durante años denunció extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios en territorios controlados por las estructuras MS-13 y Barrio 18. La atención a las víctimas ha sido un reclamo constante de organizaciones sociales desde antes de la vigencia del régimen de excepción.
El perfil de colaboración que plantea Torres contrasta con el de los integrantes plenos de las pandillas, destinatarios de las penas más severas. Así lo refleja la condena a cadena perpetua impuesta a dos pandilleros de la MS-13 en San Salvador, ejemplo del tipo de resoluciones que los tribunales de sentencia han dictado contra miembros activos de las estructuras.
El debate sobre la reinserción recorre la historia reciente del país. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en enero de 1992, cerraron el conflicto armado pero no previnieron el surgimiento de las pandillas en la década siguiente, y los procesos de tregua intentados en 2012 fracasaron sin un marco legal sólido, un antecedente que alimenta la exigencia de criterios técnicos planteada por Torres.
