"El modelo de El Salvador, el que estamos empleando, es un modelo propio, elaborado con talento salvadoreño, implementado con recursos salvadoreños, aplicado a la realidad salvadoreña", afirmó el vicepresidente al ser consultado sobre la posibilidad de exportar el esquema conocido en la región como modelo Bukele. Ulloa precisó que esa aplicación en otras sociedades dependerá de las condiciones de cada una y de la coordinación entre sus instituciones.
Según explicó, el Plan Control Territorial contempla siete etapas y el país se encuentra en la sexta, denominada integración, orientada a recuperar espacios públicos que antes estaban bajo dominio de las pandillas y a ampliar las opciones disponibles para los jóvenes. El vicepresidente no precisó plazos para el cierre de esta fase ni detalló en qué consistirá la séptima etapa del plan, eje central de la política de seguridad del Órgano Ejecutivo desde 2019.
El régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuidos a pandillas, ha sido la herramienta jurídica que ha sostenido buena parte de esa estrategia, con sucesivas prórrogas aprobadas en el Salón Azul. Ulloa no abordó en la entrevista el estado actual de esas prórrogas, pero insistió en que la coordinación entre los tres Órganos del Estado explica, a su juicio, la capacidad de ejecución del plan.
El vicepresidente definió una división de funciones concreta: el Ejecutivo debe tener capacidad para aplicar la ley, el Legislativo establece el marco normativo y el Judicial opera dentro de esa estructura. Preguntado directamente sobre si el modelo podría trasladarse a otro país, respondió con una fórmula condicionada.
"Eso es portable. Si se lograra conformar esa misma línea, te diría que sí. Pero eso ya depende de cada sociedad, de cada pueblo, de cada Estado", afirmó el vicepresidente Félix Ulloa sobre la posibilidad de replicar el modelo salvadoreño.
La formulación deja la réplica sujeta a un requisito que no todos los sistemas políticos de la región cumplen con la misma configuración: una coordinación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial equivalente a la que existe en El Salvador. Ese alineamiento tiene un antecedente directo en la reconfiguración del Estado ocurrida el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas, aprobó en su primera sesión la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del entonces fiscal general.
Del milagro de la seguridad al desarrollo económico
Ulloa retomó el planteamiento que el presidente Nayib Bukele formuló en su discurso de toma de posesión del 1 de junio de 2024, cuando presentó la reducción de la violencia como paso previo a una nueva etapa de crecimiento. "Ahora vamos a trabajar para lograr el milagro del desarrollo económico", expresó el vicepresidente, citando esa línea del mandatario.
Para sustentar esa proyección, Ulloa mencionó un crecimiento de las exportaciones del 32%, aunque no especificó el período de comparación ni la fuente estadística del dato. También citó una proyección de crecimiento económico del 4.5% para El Salvador que atribuyó al Banco Mundial, sin identificar el informe concreto del organismo del que procedería la cifra.
Entre los proyectos mencionados como evidencia del impulso económico, el vicepresidente se refirió a la inversión de $2,900 millones vinculada al grupo español Cox. El Órgano Ejecutivo firmó con Grupo Cox una inversión inicial de $2,900 millones en energía y agua, según el memorando suscrito con la compañía, que incluye compromisos en energía, agua y combustibles.
Ulloa citó además una inversión de $1,600 millones relacionada con la ampliación de los puertos marítimos del país, sin precisar el origen de los fondos ni el cronograma de ejecución. Ninguna de las dos cifras fue acompañada en la entrevista de un desglose sobre montos ya desembolsados frente a montos comprometidos a futuro, una distinción habitual en el seguimiento de anuncios de inversión extranjera en Centroamérica.
La tesis de la coordinación institucional como condición de éxito remite de nuevo al punto de partida de 2021. Aquella destitución simultánea de la cúpula de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General marcó el inicio del actual alineamiento entre los Órganos del Estado al que Ulloa atribuye la ejecución sostenida del Plan Control Territorial, un equilibrio que el vicepresidente presenta como difícilmente trasladable sin condiciones equivalentes.
La entrevista, concedida este martes, abordó también los cambios introducidos en el sistema judicial salvadoreño y el tratamiento penal de menores vinculados a delitos, aspectos que Ulloa relacionó con la misma lógica de coordinación institucional que, según defendió, distingue al modelo salvadoreño de otras experiencias de seguridad en la región.
