Los expedientes en disputa son los amparos en revisión 278/2024, 279/2024, 38/2025, 55/2025 y 80/2025, radicados en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca. Los asuntos derivan de la absolución del exdiputado priista y de otros implicados en el intento de feminicidio contra Ríos Ortiz, una resolución que la víctima ha buscado revertir por distintas vías procesales.
La atracción es una facultad discrecional prevista en la Constitución que permite a la SCJN asumir el conocimiento de asuntos que, por su relevancia o trascendencia social, ameriten resolverse en el Máximo Tribunal en lugar de los tribunales colegiados de circuito. De aprobarse este lunes, los cinco amparos pasarían a revisión directa de los ministros, lo que abriría la puerta a revocar los beneficios procesales que hasta ahora han favorecido a los implicados.
En mayo pasado, el pleno de la SCJN rechazó atraer seis amparos del mismo caso, promovidos entonces por la Fiscalía General de la República (FGR), y determinó devolverlos a los tribunales de Oaxaca para que el proceso continuara ahí. Aquella decisión frenó la vía que hasta entonces había seguido el Ministerio Público federal.
La diferencia entre aquella petición y la que se votará este lunes está en quién la promueve, según explicó la propia Ríos Ortiz.
"La solicitud de atracción que rechazaron en mayo fue por parte de la FGR. Afortunadamente pude llevar a cabo una solicitud por cuenta propia la cual la hizo suya el ministro presidente (Hugo Aguilar Ortiz) y la ministra Loretta (Ortiz)", comentó la saxofonista.
La saxofonista señaló que la defensa de Vera Carrizal ha intentado en dos ocasiones que se desechen sus solicitudes de atracción, sin conseguirlo. Sobre la resolución del lunes, expresó su expectativa en medio de su desconfianza hacia las autoridades oaxaqueñas.
"Tengo esperanza que la decisión sea favorable ya que tras siete años del ataque, he perdido la confianza en las autoridades de Oaxaca", declaró Ríos Ortiz.
El ataque con ácido contra Ríos Ortiz, perpetrado en septiembre de 2019, se convirtió en uno de los casos de violencia de género con mayor repercusión en México y sirvió de referencia para endurecer los tipos penales por agresiones con sustancias corrosivas en varias entidades. La demora de siete años sin sentencia firme contra el principal señalado ha mantenido el expediente bajo escrutinio público.
El pleno de la Corte deberá determinar este lunes si los cinco amparos reúnen los criterios de trascendencia que justifiquen la atracción. De ejercerla, los ministros revisarían directamente las resoluciones que hasta ahora han beneficiado a los implicados; de rechazarla por segunda ocasión, los expedientes permanecerían en los tribunales de Oaxaca.
