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Editorial

El estímulo que no es condonación

San Lázaro borró una línea del Vigésimo Primero Transitorio y, con ella, el único tope que separaba a los dieciséis mil grandes del resto. Sigamos el argumento.

Por EL HEMICICLO·
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El estímulo que no es condonación

Empecemos por darle la razón a Ricardo Monreal Ávila, que la pidió con todas las letras: no es condonación, es un estímulo para que paguen. Repítalo usted mismo, despacio, hasta que suene natural, porque es la clave de bóveda de todo lo aprobado esta semana en la Cámara de Diputados. Si alguien debe multas, créditos fiscales y adeudos al SAT, lo más sensato que puede hacer el Estado es ofrecerle un camino para regularizarse. Concedido. Nadie en su sano juicio prefiere un contribuyente moroso a uno al corriente, y si el mecanismo trae consigo, como dice el coordinador de Morena, certeza jurídica y la posibilidad de mayor inversión, pues bienvenido sea. Hasta aquí, impecable.

Sigamos concediendo, que la cosa apenas empieza. El programa, nos recuerdan, no nació la semana pasada: existe desde 2025, y en ese tiempo 38,000 contribuyentes se acogieron a él y la federación recaudó 6,500 mdp. Cifra modesta frente a los 10,636,488 mdp que la Ley Federal de Ingresos prevé recaudar en 2027, pero cifra al fin, y cada peso que entra sin pleito judicial es un peso que no se litiga durante seis sexenios. Acepte usted la segunda premisa: un mecanismo que funcionó a pequeña escala merece ampliarse. Es la lógica más elemental del mundo. Lo que sirve para pocos, debería servir para muchos.

Y aquí viene la tercera concesión, la generosa. El esquema estaba acotado a contribuyentes de menores ingresos; dejaba fuera, por la vía del artículo Vigésimo Primero Transitorio, a la Administración General de Grandes Contribuyentes. Monreal propuso borrar esa restricción y el pleno se lo avaló. Resultado: podrán acogerse las empresas con ingresos superiores a 300 mdp anuales, incluidos —son palabras suyas, no nuestras— los 16 mil grandes contribuyentes del país. Concédalo también: ¿por qué habría de pagar sus multas el changarro de la esquina y no la corporación que factura cientos de millones? Igualdad ante la ley, dirá usted. Que nadie quede fuera. Que todos tengan la misma puerta.

Aceptemos entonces la cuarta premisa, que es casi un himno. Se trata, dijo el legislador, de una decisión afortunada. Afortunada porque da certeza, porque invita a pagar, porque amplía el universo de beneficiarios. Treinta millones de contribuyentes y 2.5 millones de personas morales entran ahora al perímetro de la fortuna. Un país donde pagar lo que se debe se vuelve un acto voluntario asistido con incentivos: eso es lo que se aprobó, y se aprobó en lo general y en lo particular, con el expediente ya turnado al Senado rumbo al Diario Oficial. Todo correcto. Todo legal. Todo afortunado.

Reparemos, de paso, en un detalle del procedimiento, porque la aritmética también argumenta. Las bancadas presentaron 425 reservas. El pleno avaló exactamente una: la de Ricardo Monreal Ávila. Las otras 424 fueron a la papelera, entre ellas la del diputado panista Ernesto Sánchez, que pedía algo tan subversivo como que lo cobrado al turista extranjero —destinado al Tren Maya y a obras de la Sedena— regresara en proporción transparente a playas limpias, seguridad y promoción. No prosperó. Una reserva de 425 sobrevivió, y no fue casualidad que llevara la firma de quien coordina la mayoría. Concédalo: el que propone la cláusula afortunada es, por fortuna, el único afortunado de la sesión.

Conviene aquí recordar una fecha que los propios proponentes invocan como blasón: 2019, cuando el gobierno federal reformó el artículo 28 constitucional para prohibir la cancelación y la exención de impuestos, salvo los supuestos previstos en ley. Aquella reforma se vendió como el fin de los perdones a los de arriba, el entierro simbólico de una práctica que Octavio Paz habría reconocido al instante en su diagnóstico del Estado mexicano como ogro filantrópico: el poder que te quita con una mano para devolverte, agradecido, con la otra, siempre que le beses la que te dio. El ogro de 2019 juró no condonar nunca más. El de 2027 ofrece estímulos. La palabra cambió; el gesto, mídalo usted, se parece bastante.

Y es exactamente aquí donde el razonamiento, seguido con todo rigor, revienta solo. Si esto no es condonación sino estímulo, y si el estímulo es tan afortunado que conviene extenderlo a todos, entonces hemos construido un sistema fiscal donde pagar a tiempo es la conducta tonta. El contribuyente disciplinado, el que liquidó sin multas y sin créditos pendientes, se queda mirando cómo el moroso de 300 mdp accede al mismo mecanismo de regularización que él nunca necesitó porque cumplió. La certeza jurídica que celebra Monreal es, vista de frente, la certeza de que acumular adeudos no tiene costo real, porque cada ley de ingresos trae su ventanilla de perdón rebautizada. Llámelo estímulo si lo tranquiliza. El efecto es que premia la mora y castiga el cumplimiento.

Lleve la lógica hasta el final, que para eso la aceptamos entera. Si el perdón constitucionalmente prohibido en 2019 puede renacer en 2027 como estímulo transitorio, y si el estímulo no tiene ya límite de ingresos, entonces el artículo 28 no prohíbe nada que no se pueda reescribir en un transitorio una vez al año. La prohibición queda en pie, imponente, decorativa, como esas rejas que rodean un predio sin puerta. Y los 16 mil grandes contribuyentes —los mismos que la Administración General de Grandes Contribuyentes vigilaba precisamente por ser grandes— entran por donde se les había cerrado el paso, de la mano del único diputado cuya reserva nadie se atrevió a desechar. El club vota a mano alzada; la entrada la paga, como siempre, el que cumplió sin pedir nada.

Queda una pregunta, y no es retórica, tiene respuesta de nombre y apellido. De las 425 reservas que llegaron al pleno, 424 no valieron para la mayoría; solo una, la que abrió la puerta a los más grandes, sí. Dígame usted: ¿quién firmó esa única reserva afortunada?

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