El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, confirmó a la agencia EFE el deceso del exfiscal y reportó la detención preliminar de dos sospechosos. Agentes policiales y peritos fiscales acordonaron la escena en Campo Marte, un concurrido complejo deportivo del este de la capital, para iniciar las diligencias.
Solórzano Foppa encabezó la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público guatemalteco entre 2013 y 2016, etapa en la que impulsó peritajes determinantes en el caso "La Línea", la trama de corrupción aduanera que forzó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. Después dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria entre 2016 y 2018, donde promovió intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas a pagar impuestos eludidos, lo que se tradujo en recaudaciones históricas contra la evasión fiscal.
El presidente Bernardo Arévalo de León se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde atribuyó el crimen a autores materiales e intelectuales que, afirmó, deberán enfrentar todo el peso de la ley.
"Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue", escribió el mandatario guatemalteco.
Arévalo añadió que instruyó a las instituciones del Ejecutivo para actuar de inmediato y coordinarse con las autoridades competentes en el esclarecimiento del homicidio.
"Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", afirmó Arévalo de León.
En 2023, Solórzano Foppa fue detenido y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso ligado a su labor como defensor legal del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del desaparecido diario elPeriódico. Diversas organizaciones internacionales denunciaron entonces lo que describieron como una criminalización constante contra los abogados defensores del periodista. El exfiscal aceptó los cargos mediante un procedimiento abreviado y fue condenado a dos años de prisión conmutables, pena que le permitió recuperar la libertad.
El ataque se inscribe en el patrón de agresiones contra operadores de justicia en Guatemala, un país que ya había concentrado la atención de la prensa mexicana por la presión criminal en la frontera común, donde células como las desarticuladas en operativos recientes —entre ellas la detención en Campeche de Noemí "N", alias "La Patrona"— operan en ambos lados de la línea. La diferencia es que aquí la víctima fue precisamente un funcionario dedicado a combatir esas redes.
Con las dos detenciones preliminares informadas por la PNC, las autoridades guatemaltecas iniciaron las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, una tarea que el presidente Arévalo pidió asumir con todas las capacidades del Estado "en honor a la justicia".
