El primero de los dos ataques tuvo lugar sobre las once de la noche del sábado. Una mujer se dirigía a una despedida de soltera con varias amigas cuando, según su testimonio, fue interceptada por un individuo que la amenazó con una navaja en el cuello y le sustrajo el bolso. El asaltante huyó sin ser identificado y la víctima no ha recuperado sus pertenencias, aunque ha aportado a los investigadores detalles que podrían facilitar su localización. La Policía Nacional mantiene abierta esta investigación y, por el momento, no consta ninguna detención vinculada a este primer atraco.
Casi seis horas después, hacia las cuatro y media de la madrugada, un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio fue abordado por un grupo de al menos cinco personas en las inmediaciones de una gasolinera de la avenida Cañonero Dato. Según el atestado policial al que ha tenido acceso ABC, los asaltantes le exigieron dinero y, ante su negativa, le golpearon repetidamente con puñetazos y patadas antes de huir hacia la zona portuaria de la ciudad.
La respuesta policial fue inmediata. Efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, junto con radiopatrullas desplegados en el sector, iniciaron un rastreo de la zona con la colaboración del propio agente agredido, que ayudó a señalar a los responsables. Los sospechosos fueron localizados poco después ocultos en unas escaleras que conectan la rotonda de la avenida de España con la barriada de la Junta de Obras del Puerto.
Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron huir a pie e ignoraron las órdenes de alto, según el relato policial, hasta que fueron interceptados tras oponer una fuerte resistencia física. Los tres detenidos permanecen bajo custodia investigados por presuntos delitos de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa y de desobediencia grave a la autoridad, tipificados en el Código Penal.
La causa será previsiblemente instruida por el juzgado de instrucción de guardia de Ceuta, que deberá determinar si existen indicios suficientes para su procesamiento. Al tratarse de una tentativa y no de un robo consumado, la pena prevista puede rebajarse en uno o dos grados respecto a la que correspondería al delito consumado, conforme a las reglas generales que el Código Penal fija para las formas imperfectas de ejecución. La comparecencia ante el juez debería producirse en las próximas horas, dentro del plazo máximo de detención de 72 horas que establece el artículo 17 de la Constitución. Será entonces cuando el instructor decida sobre la situación personal de los arrestados, que podría ir desde la prisión provisional a la libertad con o sin cargos.
Fuentes policiales consultadas por ABC apuntan que los tres detenidos podrían ser, además, objeto de un expediente de expulsión del territorio nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, siempre que su situación administrativa así lo permita. Se trata de un procedimiento independiente de la causa penal, que sigue trámites administrativos propios y corresponde a la Delegación del Gobierno, no al juzgado.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reaccionó a los dos sucesos reclamando mayor presencia policial en la ciudad autónoma. «Una entrada de esta magnitud sin un control suficiente termina generando graves problemas de seguridad», señalaron fuentes del sindicato a ABC, que vinculan los hechos con los flujos migratorios que soporta Ceuta por su condición de frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos. «No hablamos de percepción de inseguridad, hablamos de hechos», añadieron, para exigir «más presencia policial, control efectivo» y que quienes delincan «afronten inmediatamente las consecuencias legales» y, cuando proceda conforme a la ley, su expulsión.
Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, una circunstancia que históricamente la ha convertido en punto de fricción migratoria y en escenario recurrente de operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El precedente más grave se registró en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a nado o a pie la frontera de El Tarajal en apenas dos días, en un episodio que obligó al despliegue del Ejército y tensó las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha reforzado los dispositivos de seguridad en la zona.
La atribución de la responsabilidad de estos hechos corresponde exclusivamente a la investigación judicial en curso, que aún no ha determinado la autoría del atraco a la joven ni ha resuelto la situación procesal de los tres detenidos por la agresión al agente. Ninguno de los arrestados ha declarado públicamente hasta el momento, y no consta que hayan comparecido todavía ante el juzgado de instrucción.
La joven agredida con arma blanca en el Gallo continúa, por su parte, a la espera de que la investigación policial dé con el autor del asalto, que huyó sin ser identificado. El SUP sitúa este caso dentro de una serie de sucesos violentos en la ciudad autónoma que, según su versión, incluyen robos, reyertas y agresiones sexuales, si bien el sindicato no ha aportado cifras que permitan contrastar una tendencia respecto a periodos anteriores. Los datos oficiales de criminalidad se recogen en los balances periódicos del Ministerio del Interior, que no han sido invocados en relación con estos episodios concretos.
El desenlace judicial de ambas causas dependerá de los próximos pasos procesales: la comparecencia de los tres detenidos ante el juzgado de instrucción de guardia de Ceuta, la eventual apertura de diligencias por parte del Ministerio Fiscal y, en el caso del segundo asalto, de que la investigación logre identificar y localizar al autor que permanece huido. En paralelo, la Delegación del Gobierno deberá valorar si concurren los requisitos legales para iniciar los expedientes de expulsión anunciados por las fuentes policiales, un trámite que solo podría materializarse una vez concluido el procedimiento penal.
