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Fedea cifra en casi el 4% del PIB el desequilibrio contributivo de las pensiones

El servicio de estudios afirma que el sistema «puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit», pero no que sea financieramente sostenible.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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Un informe de Fedea difundido este lunes pone en duda la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, al calcular que el desequilibrio contributivo ronda ya el 4% del PIB y que ha seguido creciendo pese al empleo récord. El estudio concluye que el sistema puede abonar las prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, pero que ese hecho no permite afirmar que sea financieramente sostenible.

Fedea no niega que el sistema pueda seguir pagando las prestaciones. Lo que rechaza es que ese hecho equivalga a sostenibilidad financiera, porque el pago depende de que el Estado siga cubriendo un déficit contributivo que no ha dejado de ampliarse desde 2022 y que, advierte, se agravará con la jubilación de las cohortes del baby boom. El desequilibrio se acerca al 4% del PIB.

El servicio de estudios cifra la transferencia anual de impuestos a la Seguridad Social en unos 50.000 millones de euros y recuerda que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes. El resultado, según el informe, es que los activos netos del sistema, que superaban los 54.000 millones en 2011, son hoy negativos en unos 103.800 millones.

El Fondo de Reserva, parte visible del iceberg

El informe compara el balance del sistema con un iceberg cuya única parte visible es la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva llegó a acumular 66.815 millones de euros corrientes en 2011 —equivalentes a 72.700 millones de 2021—, pero se utilizó desde 2012 para pagar pensiones hasta quedar en poco más de 2.000 millones en 2019. Desde 2023 ha vuelto a crecer gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización adicional que pasará del 0,6% en 2023 al 1,2% en 2029 y que se ingresa íntegramente en el Fondo, que sumaba 15.267 millones a finales de marzo de este año.

Por debajo de esa parte visible, añade Fedea, están la deuda con el Estado y las transferencias que este ha realizado desde 2005 para financiar clases pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, cifradas en unos 320.000 millones de euros de 2021. A ello suma los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat estimó en el 452% del PIB en 2021.

«Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que superaban los 54.000 millones en 2011, son hoy negativos en unos 103.800 millones», Fedea, servicio de estudios.

El informe matiza también la lectura del déficit oficial. El saldo presupuestario de la Seguridad Social ampliada arroja un déficit de solo el 0,5% del PIB en 2025, una cifra que se explica por el aumento de las transferencias del Estado, que han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025. Descontadas esas transferencias, el déficit básico asciende al 4,1% del PIB y el contributivo al 3,8%.

Un déficit que crece pese al empleo récord

El estudio constata que el número de ocupados ha pasado de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de este año, y que aun así el déficit contributivo ha crecido cada ejercicio desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros de 2021. Los gastos contributivos aumentaron en ese periodo 22.400 millones mientras los ingresos lo hicieron en 15.900 millones.

«La reforma laboral ha reducido con claridad la temporalidad contractual, pero la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes cayó en más de cien días», Fedea, servicio de estudios.

Fedea revisa además la ratio de 2,51 cotizantes por pensionista que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un indicador que el Gobierno ha esgrimido como señal de fortaleza. Con los mismos 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas, el cálculo arroja una ratio de 2,35, que baja a 2,13 si se toman las pensiones en lugar de los pensionistas como denominador.

«El dato oficial solo se aproxima si se suman a las afiliaciones una parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal, cotizaciones que se financian con transferencias del Estado. Con cualquiera de las definiciones, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima», Fedea, servicio de estudios.

El envejecimiento acelera la presión sobre el gasto

El estudio sitúa el fondo demográfico del problema: en 1975 había casi seis personas de entre 16 y 64 años por cada mayor de 64 años; hoy la cifra es de 3,15, y según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística caerá a 1,93 en 2050, un descenso del 39% en veinticinco años. España afronta ese proceso con un gasto en pensiones del 13,2% del PIB en 2024, por encima de la media de la Unión Europea (12,6%), pese a tener una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior a la media comunitaria. Según la relación entre ambas variables en el conjunto de la UE, a España le correspondería un gasto en torno al 10,1% del PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal proyecta que el gasto en pensiones pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050, una trayectoria que Fedea cita para matizar el aval que el propio organismo ha dado al cumplimiento de la regla de gasto pactada con Bruselas. El Gobierno ha utilizado precisamente esos pronunciamientos favorables de la Airef, junto al Fondo de Reserva que cerrará el año en torno a 20.000 millones y la ratio de afiliación, para sostener que el sistema es sostenible con la vista puesta en 2050.

Ese debate convive con otras presiones sobre la renta de los hogares: el coste de mantener un vehículo en España alcanza ya los 3.850 euros anuales, según el informe de Roams recogido en esta sección, y las reglas de acceso anticipado a la jubilación siguen penalizando a quienes adelantan su retiro, como muestra el caso de la jubilación anticipada que recorta hasta un 21% la pensión pese a acreditar 47 años de cotización.

Entre 2007 y 2025, según el cálculo de Fedea, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social han crecido en términos reales un 29%, frente a un incremento del 82% en el gasto en pensiones contributivas en el mismo periodo. El think tank sostiene que financiar esa diferencia con transferencias del Estado «cambia el lugar de las cuentas públicas en el que se registra el déficit, pero deja intacto su coste para el conjunto de las administraciones».

Fuentes

  1. ABCabc.es

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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