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Montero defiende intervenir la vivienda: «Nos habilita la Constitución»

La candidata de Podemos propone un impuesto para que la vivienda vacía pague «el cuádruple» y expropiar «más de 650.000» pisos a fondos buitre.

Por Redacción de El Hemiciclo·
3 min de lectura
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La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha defendido este lunes en Elche (Alicante) la intervención del mercado de la vivienda para «bajar los precios de los alquileres» y destinar a alquiler social «miles» de inmuebles que, según ha dicho, «ahora mismo están acaparando de forma ilícita los fondos buitre».

Montero ha anclado la propuesta en el artículo 128 de la Constitución, que establece que toda la riqueza del país, «sea cual sea su titularidad, pública o privada», está subordinada al interés general. Según su interpretación, ese precepto habilita al Estado a intervenir no solo en vivienda, sino en «cualquier sector estratégico de la economía, ya sea la energía, ya sea la alimentación».

«Ya es hora de que utilicemos esa habilidad constitucional para la cual nos habilita la Constitución», ha manifestado Irene Montero, candidata de Podemos, en declaraciones a los medios en Elche.

La candidata ha comparecido junto a los candidatos por Alicante María Teresa Pérez (Podem) y Natxo Bellido (Compromís), y con la portavoz de Compromís-Front Valencià en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, en un acto de respaldo a la coalición valencianista. Preguntada por una eventual oposición de Bruselas, Montero ha restado importancia al riesgo y ha dicho que duda «mucho» de que la Unión Europea «quisiera oponerse a la aplicación estricta de la Constitución».

«Nosotras sí nos vamos a atrever a ir a Europa a explicarles con mucha tranquilidad que a nosotras nos han elegido para garantizar precios justos de la vivienda y no para hacer caso a los negocios de quienes defienden, en ese caso, en la Comisión Europea», ha afirmado la candidata de Podemos.

El cuádruple por la vivienda vacía

Entre las medidas concretas de su programa, Montero ha detallado la creación de «un gran impuesto a la vivienda vacía» que obligaría a sus propietarios a pagar «el cuádruple» de lo que abonan actualmente, y la eliminación de «todo tipo de beneficios fiscales a los rentistas». La candidata ha cifrado en «prácticamente cuatro millones» las viviendas vacías en España, frente a los «millones» de personas que, ha dicho, tienen «serias dificultades para encontrar una vivienda en alquiler».

El paquete que ha enumerado incluye bajar el precio de los alquileres «un 40 por ciento», expropiar «más de 650.000 viviendas» a fondos buitre para destinarlas a alquiler social, prohibir la especulación —permitiendo la compra de vivienda únicamente para vivir— y vetar los pisos turísticos, una cuestión que, según ha señalado, también afecta a Valencia y Alicante. El alquiler ya está regulado por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que permite declarar zonas tensionadas e índices de precios, un marco distinto a la expropiación que plantea Montero.

Montero ha vinculado el fin de los incentivos fiscales al gasto público en otras partidas: «No puede ser que la única manera de que los caseros pongan una vivienda a un precio asumible sea regalarles dinero público que necesita ir a la sanidad, a la educación, a garantizar un buen sistema de pensiones», ha sostenido, reclamando un «cambio profundo económico y también cultural» y que «los negocios se hacen con vino o con relojes, no con las viviendas».

La candidata ha empleado como precedente la intervención pública durante la crisis financiera: ha atribuido a la banca española beneficios «récord» de 35.000 millones de euros y una deuda pendiente «con la ciudadanía en el Estado español» de 100.000 millones por el rescate. «Normalmente se acepta con mucha tranquilidad que el mercado se intervenga, por ejemplo, cuando los bancos están en crisis», ha añadido, para argumentar que el mismo criterio debería aplicarse a la vivienda. El rescate bancario de 2012, canalizado por el FROB con un préstamo europeo de hasta 100.000 millones, recuperó solo una fracción de las ayudas según cuentas públicas posteriores.

El acto en Elche, ciudad que Montero ha señalado como referente de la industria del calzado en España, ha incluido también una mención a las condiciones laborales del sector, que según la candidata está «sostenido por mujeres» en situación de precariedad, «muchas veces sin los contratos adecuados» y en un contexto de «economía sumergida». Días atrás, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió una «inmigración ordenada» en el campo, en una campaña que enfrenta modelos opuestos a trece días de las urnas.

Fuentes

  1. The Objectivetheobjective.com

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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