Huize Soria, situada en Aspe (Alicante), acogió durante dos décadas a menores neerlandeses derivados por los servicios de protección de la infancia de Países Bajos y recibió financiación pública de ese país. La gestionaba una pareja neerlandesa, Tista y Marion. Una investigación de Nieuwsuur, basada en documentos y testimonios, destapó denuncias de maltrato físico y psicológico, aislamiento y métodos disciplinarios extremos que algunos especialistas califican de "tortura infantil".
El relato de Axl describe algo más que una reeducación severa. "Me obligaban a cavar agujeros de unos tres metros de profundidad y dos por dos de superficie. Solo podía comer cuando terminaba, y podía tardar un día o un día y medio", relató. Después, según su versión, Tista llegaba con el tractor, rellenaba el hoyo y el ciclo volvía a empezar dos metros más allá. Denuncia además castigos bajo la lluvia sin abrigo, prohibiciones de usar el baño y privación de alimentos.
Tiffany, que vivió en la finca entre 2020 y 2022, aporta otro ángulo del mismo sistema: el de la comida condicionada a la obediencia. "Tenías que decirle dos frases a alguien antes de poder dar un bocado, pero esa persona también tenía que responderte. Si nadie quería hablar contigo, no podías comer", explicó. La vigilancia no terminaba en el comedor: los correos familiares se revisaban, los teléfonos y pasaportes se retiraban al llegar, y la comunicación entre los propios menores se canalizaba por walkie-talkies, dentro de una propiedad rodeada de vallas, cámaras y perros guardianes sueltos por la noche.
"Vivíamos en un pequeño mundo aislado, como si estuviéramos en una isla, y aquella era toda tu vida. No había nada más", relató Tiffany, antigua residente del centro.
Distintas instituciones neerlandesas advirtieron del problema durante años sin que cesaran los internamientos. En 2021, cinco jóvenes acudieron al defensor de los menores de Ámsterdam, y una investigación posterior identificó una "cultura represiva" y medidas restrictivas contrarias a los derechos de la infancia. En 2024, varios tribunales advirtieron de que las derivaciones requerían autorización española, pero siguieron produciéndose sin ese permiso. La inspección neerlandesa alegó carecer de competencias para supervisar centros en el extranjero, y del lado español nadie comprobó si Huize Soria reunía los permisos exigidos.
La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana confirmó que el proyecto Finca Soria no figura en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y de Centros de Servicios Sociales. "El centro no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, lo que vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos", señaló la administración valenciana, que ordenó el cese inmediato de la actividad y amenazó con abrir un expediente sancionador. Veinte años de funcionamiento sin figurar en ningún registro dibujan un vacío de fiscalización difícil de explicar.
El Gobierno neerlandés optó por pedir la suspensión temporal de nuevos envíos de menores al extranjero, pero descartó abrir una investigación independiente sobre cómo se gestionaron las derivaciones durante tantos años. Huize Soria, por su parte, niega las acusaciones y anunció denuncias por difamación y calumnias contra Nieuwsuur y contra los antiguos residentes que han dado su testimonio.
El episodio resuena en cualquier latitud donde se discute qué fiscaliza el Estado y qué no. En Panamá, el debate presupuestario reciente giró en torno a esa misma tensión, con el diputado Jairo "Bolota" Chong cuestionando que el presupuesto de 2027 ascienda a $35,111 millones sin plan de inversión detallado. El dinero público que fluye sin registro ni control no garantiza por sí solo que llegue a su fin: Huize Soria recibió fondos durante dos décadas sin que nadie verificara dónde terminaban los menores.
Axl regresó a Países Bajos sin que su propio padre le creyera, lo que deterioró aún más la relación familiar. "Pasé tres años reprimiendo mis emociones porque no podía hablar con nadie", confesó. El cese de la actividad llegó solo después de que los testimonios se hicieran públicos, dos décadas después de que empezaran las derivaciones.
