El testimonio más duro corresponde a trabajos físicos impuestos como condición para comer. "Me obligaban a cavar agujeros de unos tres metros de profundidad y dos por dos de superficie. Solo podía comer cuando terminaba, y podía tardar un día o un día y medio", relató Axl a EFE, que describió además castigos bajo la lluvia sin abrigo y prohibiciones de usar el baño. Según su relato, un responsable del centro rellenaba la fosa con un tractor y lo obligaba a cavar otra a dos metros de distancia.
"Cuando tienes 13 años, eso no es normal. ¿Qué tiene que ver con prepararte para vivir en sociedad? Eso es explotación o trabajo infantil ¿o una forma de acosarte y castigarte?", cuestionó Axl, antiguo residente del centro.
Tiffany, de 21 años, que vivió en la finca entre 2020 y 2022, describió un régimen de aislamiento social y control de la comunicación con las familias. Según contó, las comidas estaban condicionadas a interacciones verbales forzadas: había que decir dos frases a otro residente y recibir respuesta antes de dar un bocado, y quien no lo lograba se quedaba sin comer. Relató también que un compañero pasó varios días sin alimentos y acabó comiendo comida para gatos.
"Vivíamos en un pequeño mundo aislado, como si estuviéramos en una isla, y aquella era toda tu vida. No había nada más", relató Tiffany sobre su estancia en el centro.
Los antiguos residentes describen una propiedad rodeada de vallas, cámaras, perros guardianes sueltos por la noche y vigilancia constante. Al llegar, según los testimonios, les retiraban teléfonos, pasaportes, tarjetas sanitarias y objetos personales, y se revisaban los correos; la comunicación entre los propios jóvenes llegaba a hacerse mediante walkie-talkies. Una investigación de Nieuwsuur, basada en documentos y testimonios, recogió denuncias de maltrato físico y psicológico que algunos especialistas calificaron de "tortura infantil".
Advertencias desde 2021 sin resultado
Distintas instituciones neerlandesas advirtieron sobre la situación sin que se detuviera el envío de menores. En 2021, cinco jóvenes acudieron al defensor de los menores de Ámsterdam, cuya investigación identificó una "cultura represiva" y medidas restrictivas contrarias a los derechos de la infancia. En 2024, varios tribunales advirtieron de que las derivaciones requerían autorización española, pero los internamientos continuaron sin ese permiso; la inspección neerlandesa alegó carecer de competencias para supervisar centros en el extranjero.
La administración autonómica de la Comunidad Valenciana ordenó el cese inmediato de la actividad del centro tras conocerse los testimonios y advirtió con abrir un expediente sancionador. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia confirmó que el proyecto no figura en el registro regional de centros de servicios sociales. "El centro no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, lo que vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos", señaló la administración valenciana.
El Gobierno neerlandés descartó abrir una investigación independiente sobre las derivaciones, aunque pidió suspender temporalmente los envíos de menores al extranjero. Huize Soria negó las acusaciones y anunció denuncias por difamación y calumnias contra Nieuwsuur y los antiguos residentes citados. El caso resuena con los llamados que Unicef ha hecho en Panamá sobre la necesidad de reforzar la protección de la niñez para que la atención llegue a los más vulnerables.
Al regresar a Países Bajos, Axl intentó relatar lo vivido, pero asegura que su padre no le creyó, lo que deterioró aún más su relación familiar. "Pasé tres años reprimiendo mis emociones porque no podía hablar con nadie", cerró el joven.