La declaración de Torres ante el juez Juan Carlos Peinado se prolongó durante tres horas y cuarenta minutos, un tiempo inusualmente largo para un testigo que, según las fuentes jurídicas consultadas, aportó más preguntas que respuestas. Torres, empresario vinculado al sector inmobiliario y amigo personal de Pedro Sánchez desde la época universitaria, fue interrogado sobre sus relaciones profesionales con Begoña Gómez y, en particular, sobre un contrato de consultoría que su empresa, Torres Development Group, habría firmado con una fundación en la que Gómez ejercía como codirectora. El abogado defensor de Gómez intentó en tres ocasiones que Peinado limitara el interrogatorio a los hechos objeto de la instrucción, pero el juez, fiel a la interpretación expansiva que ha caracterizado toda la causa, permitió que la acusación popular —ejercida por Vox y por la asociación Manos Limpias— extendiera sus preguntas a la relación personal entre Torres y el matrimonio Sánchez-Gómez, una línea de interrogación que la defensa calificó de «pesca procesal» y que el magistrado justificó como necesaria para «establecer el contexto relacional de los hechos investigados».
El momento más tenso de la declaración se produjo cuando el letrado de Manos Limpias preguntó a Torres si había asistido a una cena en La Moncloa en diciembre de 2023, tres meses antes de que se formalizara el contrato de consultoría. Torres respondió afirmativamente y precisó que se trataba de un evento social con otros veinte invitados, pero la acusación popular interpretó la respuesta como una confirmación de que la relación comercial se había gestado en el ámbito privado de la residencia presidencial. La defensa de Gómez presentó inmediatamente un recurso de protesta argumentando que la pregunta asumía hechos no probados y que la mera asistencia a un acto social no constituye indicio de irregularidad, un argumento que Peinado rechazó con una frase que los letrados presentes transcribieron con asombro: «La verdad es un mosaico, y cada pieza tiene su lugar». La frase, que recuerda más al registro literario que al jurídico, ha sido recibida con críticas por parte de asociaciones de jueces progresistas, que la consideran un ejemplo de la «narrativización» que ha caracterizado la instrucción de Peinado desde el principio.
Paralelamente a la declaración de Torres, el juzgado recibió la cuarta solicitud formal de archivo presentada por la Fiscalía, un documento de 23 páginas que reitera los argumentos de las tres peticiones anteriores —ausencia de indicios de delito, falta de proporcionalidad en las medidas de investigación y vulneración del derecho a la intimidad— y añade uno nuevo: que la instrucción ha superado el plazo razonable establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para causas de esta complejidad. Peinado, que ha rechazado las tres solicitudes previas, no se pronunció sobre la cuarta durante la sesión de hoy, pero fuentes del juzgado confirmaron que mantiene firme la fecha del 2 de junio para la vista de selección del jurado popular, un paso procesal que implica que el juez considera que existen indicios suficientes para someter los hechos al veredicto de nueve ciudadanos legos.
El caso Kitchen dio un giro inesperado esta tarde cuando la Audiencia Nacional adelantó la apertura de la fase documental, originalmente prevista para el 21 de mayo, al 14 de mayo, permitiendo que las partes accedieran por primera vez a un lote de 847 documentos que incluyen informes internos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sobre los registros practicados en los domicilios y despachos de José Manuel Villarejo entre 2017 y 2019. Los documentos, que permanecían clasificados como «secreto» hasta que el tribunal levantó la restricción mediante auto del pasado viernes, contienen anotaciones manuscritas de los agentes que ejecutaron los registros, fotografías de los materiales incautados y, lo más relevante, un informe de 14 páginas sobre la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos que la defensa de Villarejo ha cuestionado desde el inicio del proceso. El informe revela que tres teléfonos móviles y dos discos duros fueron trasladados de la comisaría de Canillas a la sede de la UCAO en un vehículo particular, sin precintar y sin la presencia de un letrado de la administración de justicia, una irregularidad que podría invalidar las pruebas obtenidas de esos dispositivos.
La revelación sobre la cadena de custodia tiene implicaciones que trascienden el caso Kitchen y podrían afectar a las decenas de piezas separadas que se investigan bajo el paraguas de la «causa Villarejo». Si la defensa logra que el tribunal declare nula la prueba obtenida de los dispositivos trasladados sin precintar, cualquier información extraída de esos teléfonos y discos duros quedaría fuera del proceso, lo que debilitaría las acusaciones en al menos cuatro piezas, incluida la que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. El Ministerio Fiscal ha solicitado un plazo de 15 días para analizar los documentos y pronunciarse sobre la validez de la cadena de custodia, una petición que el tribunal ha concedido, fijando el 30 de mayo como fecha límite para las alegaciones de todas las partes. Villarejo, que sigue hospitalizado tras la cirugía aplazada al domingo 11, ha emitido a través de sus abogados un comunicado en el que exige la «nulidad radical» de todas las pruebas obtenidas en los registros cuestionados.
En la cúspide del sistema judicial, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, avanza en la redacción del borrador de la sentencia del caso Koldo, la pieza que juzgó la red de comisiones ilegales vinculada al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García. Fuentes del Alto Tribunal confirmaron esta tarde que Marchena tiene previsto circular el borrador entre los siete magistrados de la sala antes de que termine mayo, lo que permitiría deliberar durante la primera quincena de junio y dictar sentencia antes del receso judicial de julio. La causa, que ha ocupado 42 sesiones de vista oral repartidas entre enero y abril, involucra a 14 acusados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con peticiones de pena que oscilan entre los 4 y los 18 años de prisión. La sentencia de Marchena será la primera gran resolución del Supremo sobre corrupción institucional desde el caso ERE y sentará precedentes sobre la responsabilidad penal de los intermediarios políticos en la contratación pública.
La coincidencia de las tres causas en una sola jornada judicial ha generado un debate entre juristas sobre lo que el catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva ha denominado «la fatiga judicial española», un fenómeno por el cual la acumulación de macrocausas pendientes de resolución satura la capacidad del sistema y diluye el impacto público de cada una. La reflexión de De la Oliva, publicada en un artículo de urgencia en la revista Jueces para la Democracia, señala que el ciudadano medio es incapaz de distinguir entre Kitchen, Koldo, Begoña Gómez, ERE y Villarejo, y que esa confusión beneficia paradójicamente a los acusados, cuya imagen pública se difumina en un magma de causas intercambiables que generan hastío en lugar de indignación. El análisis tiene un corolario político inmediato: si la sentencia de Koldo se dicta en junio, coincidirá con el juicio con jurado de Begoña Gómez y con la fase documental de Kitchen, creando una tormenta judicial perfecta que todos los partidos intentarán instrumentalizar pero que la opinión pública podría recibir con la indiferencia del agotamiento.
Al cierre de esta edición, los abogados de Begoña Gómez anunciaron que presentarán mañana un recurso de apelación contra la decisión de Peinado de mantener la fecha del juicio con jurado, argumentando que la instrucción no ha concluido formalmente y que celebrar una vista oral sin haber resuelto la cuarta petición de archivo vulnera el derecho de defensa. El recurso será resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo estimado de 10 a 15 días, lo que sitúa la decisión definitiva sobre el calendario del juicio en la última semana de mayo o la primera de junio, exactamente cuando Marchena tiene previsto circular el borrador de Koldo. La justicia española, como las partidas simultáneas del ajedrecista agotado de la viñeta, exige que todos los actores muevan sus piezas al mismo tiempo, en tableros que se tocan por los bordes y que comparten la misma mesa, la misma luz y la misma hora implacable del reloj.
