De acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, el cemento y los bloques serán puestos a disposición de las autoridades locales del Risaralda para adelantar labores de reparación estructural en viviendas y edificaciones afectadas. La administración distrital enmarcó la entrega dentro de la lógica de apoyo directo entre entes territoriales, en la etapa posterior a la emergencia.
La coordinación de este tipo de ayudas entre entidades territoriales suele canalizarse a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad adscrita a la Presidencia de la República encargada de articular la respuesta ante emergencias en el país. El marco normativo que rige estas actuaciones es la Ley 1523 de 2012, que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y define las competencias de alcaldías, gobernaciones y el Gobierno nacional en las fases de respuesta inmediata, rehabilitación y reconstrucción.
El precedente del Eje Cafetero
Colombia cuenta con antecedentes de movilización interterritorial tras sismos de gran magnitud. El más recordado es el terremoto de Armenia de enero de 1999, que dejó cerca de mil muertos y llevó a la creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), un mecanismo especial que canalizó recursos de todo el país —incluidos aportes de gobiernos locales, gremios y cooperación internacional— para la reconstrucción de la zona cafetera, que abarca a Pereira, Armenia y Manizales.
La respuesta de Barranquilla se inscribe en esa misma tradición de solidaridad interregional, aunque a una escala menor y bajo un esquema de apoyo directo entre entes territoriales, sin que hasta el momento se haya reportado la activación de un fondo especial como el que operó tras 1999. Corresponderá a la gobernación de Risaralda y a la alcaldía de Pereira, en coordinación con la UNGRD, definir el destino final de los materiales y priorizar los sectores más afectados.
Hasta ahora ni la alcaldía de Pereira ni la gobernación de Risaralda han emitido un balance oficial consolidado sobre el número de viviendas afectadas ni el monto estimado de los daños causados por el sismo, información determinante para dimensionar el alcance de la reconstrucción y las necesidades adicionales de materiales, mano de obra y recursos financieros. La UNGRD tampoco ha entregado, hasta el momento, un balance consolidado de la ayuda recibida a nivel nacional.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la entidad competente para coordinar los programas de reconstrucción de vivienda de interés social en zonas declaradas en calamidad pública o desastre, figura jurídica que debe ser decretada por el presidente de la República o por las autoridades territoriales según la magnitud del evento, conforme a la Ley 1523.
La declaratoria de calamidad pública, en caso de emitirse, permitiría a la alcaldía de Pereira acceder a recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y agilizar procesos de contratación de emergencia para la reparación de infraestructura pública y privada, un mecanismo aplicado en emergencias recientes en distintas regiones del país.
Voceros de la alcaldía de Barranquilla señalaron que la entrega de cemento y bloques busca aportar de manera concreta a la fase que sigue a la atención humanitaria inmediata —alimentación, agua potable y albergues temporales— para pasar a la reparación física de las viviendas dañadas por el movimiento telúrico.
La cooperación intermunicipal en materia de gestión del riesgo no es inusual en Colombia, país que, según el Servicio Geológico Colombiano, se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica de América Latina por la confluencia de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe. Esa condición geológica ha llevado a que distintas administraciones locales mantengan protocolos de apoyo mutuo ante eventos de esta naturaleza.
En las próximas semanas se espera que la alcaldía de Pereira, en coordinación con la gobernación de Risaralda, presente un plan de reconstrucción con plazos y prioridades definidas, así como un estimado de los recursos y materiales adicionales necesarios. Esa información permitirá dimensionar con mayor precisión el impacto del sismo y el alcance de la respuesta interinstitucional en curso, así como el papel que asumirá el Gobierno nacional en la coordinación de los aportes de otras alcaldías y gobernaciones.
