La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un comunicado breve que el interno fue encontrado sin vida en su celda, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo. De manera preliminar, la dependencia presumió un problema de salud como causa del deceso, aunque notificó el hecho a la Fiscalía General del Estado para que practique la necropsia de ley y certifique formalmente las causas de la muerte.
El personal del área de trabajo social de la dirección del centro penitenciario notificó a la familia del interno para que proceda a la reclamación del cuerpo, según el mismo comunicado. La carpeta de investigación quedó a cargo de la autoridad ministerial, que deberá determinar si el fallecimiento tuvo origen natural o si existieron otros factores. En México, el artículo 18 constitucional obliga al Estado a garantizar la seguridad y la integridad física de toda persona bajo custodia penitenciaria.
El caso se suma al de Abel Alexander “N”, localizado sin vida el 2 de octubre en el módulo dos del mismo penal, hecho que la autoridad judicial decidió investigar mediante una carpeta de investigación abierta tras el hallazgo. Abel Alexander era hijo de Lucas Abel “N”, de 43 años, y hermano de Sergio Yair “N”, de 16, ambos reportados como personas privadas de la libertad días antes en Culiacán.
Lucas Abel “N”, de oficio carpintero, fue privado de la libertad en la cochera de su domicilio en el fraccionamiento Punta Azul, en la capital sinaloense, mientras que su hijo menor de edad desapareció horas antes del mismo hecho, de acuerdo con información difundida en redes sociales. No se ha precisado si existe relación entre esas privaciones de la libertad y la muerte posterior de Abel Alexander dentro del penal.
Los dos fallecimientos ocurren en un contexto de violencia que ha alcanzado a la población penitenciaria sinaloense, en paralelo al despliegue de seguridad que mantiene el estado. Sinaloa conserva un operativo de 20,000 elementos federales, con refuerzos adicionales en cuatro municipios, como parte de la estrategia contra la violencia que afecta a la entidad desde el repunte de los enfrentamientos entre facciones del Cártel del Pacífico en septiembre de 2024.
La crisis sinaloense desborda el ámbito penitenciario: en el propio estado suman 13 feminicidios en octubre tras el asesinato a tiros de una mujer en Culiacán, un indicador de la presión sobre las autoridades locales para contener la violencia. Las muertes bajo custodia estatal no son inéditas en el país: en febrero de 2016, un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, dejó 49 internos muertos, el episodio penitenciario más letal de la última década y referencia obligada sobre las fallas de control en los reclusorios mexicanos.
La causa oficial de la muerte de Fabián “N” permanece pendiente de certificación por parte de la autoridad ministerial, que practicará la necropsia de ley antes de precisar el origen del deceso.
