Martí Meza explicó que la queja se radicó en el INE para su posterior traslado al IECM porque los accesos al órgano electoral capitalino estaban bloqueados el día de la presentación. La dirigente emecista pidió a las autoridades electorales revisar los hechos denunciados y determinar, conforme a la ley, si existe alguna infracción electoral.
La contienda electoral —sostuvo— debe desarrollarse dentro de los tiempos y reglas establecidos, con respeto a la legalidad y en condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas. Colocó como prioridad para la demarcación el mantenimiento de calles, la limpieza de los espacios públicos y la atención a los servicios que requiere la comunidad.
"En Tlalpan no somos un botín político de nadie. Las vecinas y los vecinos merecen una alcaldía que funcione, calles sin baches, espacios públicos limpios y soluciones reales a los problemas que enfrentan todos los días", afirmó Marina Martí Meza, presidenta de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Tlalpan.
A la presentación de la queja acudió la senadora Alejandra Barrales, quien señaló que los actos denunciados podrían involucrar a funcionarios públicos y demandó que se investiguen señalamientos sobre un presunto desvío de más de 500 mdp hacia empresas señaladas como fantasma.
Los actos anticipados de campaña son una infracción prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: consisten en realizar actos de proselitismo o difusión antes de los plazos que fijan la autoridad electoral y la ley para precampañas y campañas. En la Ciudad de México la competencia para conocer y resolver estas quejas recae en el IECM, al tratarse de un proceso del ámbito local, lo que explica la solicitud de remisión planteada por MC.
El señalamiento ocurre cuando los partidos miden posiciones rumbo a la renovación de las alcaldías capitalinas. La frontera entre la gestión ordinaria de un gobierno local y la promoción adelantada ha sido materia recurrente de controversia electoral en México: el INE sancionó en 2018 el uso indebido de propaganda gubernamental con fines electorales, un tipo de disputa que vuelve a aparecer en el expediente de Tlalpan.
La queja se inscribe en la actividad reciente de órganos de justicia e instituciones en distintas entidades, como la decisión de la SCJN sobre atraer el caso Vera Carrizal, que ilustra el escrutinio institucional al que se someten diversas autoridades del país.
"Tlalpan necesita resultados, no campañas adelantadas. Vamos a defender la legalidad y a exigir que la ciudadanía esté por encima de cualquier interés político", concluyó Martí Meza.
