El nuevo deslinde llega dos años después de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) diera a conocer en 2024 una presunta red de tráfico de influencias vinculada a proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos el Tren Maya, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y Petróleos Mexicanos. Las pesquisas periodísticas de entonces situaban a Olán Aparicio y a su empresa Romedic como presuntos beneficiarios de contratos y presupuesto público en gobiernos estatales y dependencias federales.
El 24 de julio de 2024, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán publicaron una carta en el periódico La Jornada en la que rechazaron cualquier intervención en la asignación de contratos a favor del empresario tabasqueño. Ese documento es la base textual del videomensaje difundido este martes: el exsecretario de Organización de Morena recurrió a las mismas expresiones que usó hace dos años para explicar el origen de su amistad con Olán.
La explicación repetida de 2024
"Conocimos a Jorge Amílcar Olán en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía conexión con ningún nivel de gobierno", señaló López Beltrán en el videomensaje. El político tabasqueño atribuyó el vínculo con el empresario a relaciones personales ajenas a cualquier gestión pública: coincidieron por amigos en común y porque su esposa estudió la primaria junto a la del empresario. Con ello buscó reforzar el argumento de que el trato con Olán Aparicio antecede a cualquier cargo público ocupado por los hermanos y no guarda relación con la asignación de contratos.
En la carta publicada en La Jornada hace más de dos años, los hermanos López Beltrán fueron más extensos en su defensa. "En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", apuntaron entonces respecto a Olán Aparicio y Romedic.
"Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno. No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia", Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, en carta publicada el 24 de julio de 2024 en La Jornada.
En ese mismo texto, los hermanos se describieron como víctimas de acoso y vigilancia desde la infancia, circunstancia que calificaron como "dificultades que otras personas no suelen padecer", y sostuvieron que su padre, el expresidente y fundador de Morena, fue la figura pública más atacada, difamada y espiada "en la historia de este país".
Sobre la empresa del empresario tabasqueño, el comunicado de 2024 fue categórico: "Rechazamos categóricamente la manera en la cual se ha tratado de insinuar que recibimos dinero o que operamos una red de corrupción política con miras a favorecer a dicha empresa. Nunca hemos recibido dinero de dicha empresa, y no tenemos relación alguna con ella", concluyeron los hermanos.
Deslinde en plena carrera por una curul
El videomensaje de este martes se produce mientras Andrés Manuel López Beltrán compite por una curul en la Cámara de Diputados, en el marco de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. La reiteración pública del deslinde, en formato audiovisual dirigido a redes sociales, apunta a contener el señalamiento en el tramo final de su carrera electoral.
El político tabasqueño enmarcó los señalamientos contra su familia como parte de una ofensiva de actores económicos a quienes su padre denominó en el pasado "la mafia del poder", expresión que López Obrador utilizó de forma recurrente durante su sexenio para referirse a sectores empresariales críticos con su proyecto político.
La estrategia de defensa mediante comunicados y videomensajes, sin comparecencia ante autoridad, recuerda la respuesta pública que han dado otros familiares de funcionarios ante señalamientos de presunto tráfico de influencias durante el obradorismo, un terreno donde la fiscalización ha avanzado más por la vía periodística y administrativa que por la penal.
El caso de Amílcar Olán se suma a episodios recientes de fiscalización sobre el uso de recursos públicos y redes de influencia en distintos niveles de gobierno, en la línea de lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación en su hallazgo sobre triangulación de recursos públicos a familiares de funcionarios en Nuevo León y Sinaloa. El material difundido este martes no refiere que la Fiscalía General de la República o alguna autoridad judicial hayan abierto un procedimiento penal contra López Beltrán o Olán Aparicio por estos hechos.
El documento de 2024 y el videomensaje de este martes constituyen, por ahora, la única versión pública y sostenida de los hermanos López Beltrán frente a las acusaciones, repetida sin variaciones sustanciales dos años después de su primera difusión en La Jornada.
