El recurso, promovido con base en el artículo 2241 del código federal estadounidense según explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), busca que un juez determine si el arresto de la exconductora tuvo sustento jurídico o constituyó una privación arbitraria de su libertad. La Oficina de Administración de los Tribunales de Estados Unidos (US Courts) describe el habeas corpus como uno de los mecanismos centrales del sistema legal anglosajón para revisar la legalidad de una detención ordenada por una autoridad gubernamental.
Antes de que se resolviera el fondo del recurso, la defensa de Gómez Mont solicitó frenar de manera urgente su traslado desde el Broward Transitional Center, alegando motivos de salud de una de sus hijas. El juez Kuntz denegó esa petición de emergencia por falta de jurisdicción inmediata, aunque mantuvo vigente la orden que exige al ICE justificar la custodia ante la corte antes del miércoles.
El caso se desarrolla en paralelo a los procesos que la presentadora enfrenta en México, donde su defensa ha promovido juicios de amparo contra órdenes de aprehensión dictadas por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos recursos comparten el propósito de frenar actos arbitrarios del Estado, pero operan en registros distintos: el habeas corpus ataca exclusivamente la legalidad del arresto migratorio ejecutado por una agencia estadounidense, mientras que el amparo busca invalidar resoluciones de jueces mexicanos en materia penal.
La Ley de Amparo y los criterios del Poder Judicial de la Federación (PJF) establecen que el amparo indirecto en materia penal protege a cualquier persona frente a violaciones a sus garantías constitucionales por parte del Estado mexicano. A diferencia del habeas corpus de tradición anglosajona, el juicio de amparo permite impugnar tanto la detención como el fondo del acto de autoridad que la originó, incluidas las órdenes de aprehensión.
El expediente mexicano contra Gómez Mont deriva en señalamientos por delitos patrimoniales y financieros que ya habían motivado controversias legales. Mientras la corte estadounidense revisa si existió sustento para el arresto migratorio, los tribunales mexicanos mantienen abierto el análisis sobre la validez de las órdenes judiciales dictadas en su contra.
El plazo fijado por el juez Kuntz vence este miércoles, cuando el ICE deberá entregar a la corte los informes que justifiquen por qué la presentadora permanece bajo custodia migratoria en territorio estadounidense.
