Bustos sostuvo que la Red de Veedurías tiene indicios de que el grupo denominado «los catalanes» tendría algún tipo de relación con miembros de la junta directiva de la estatal petrolera y, eventualmente, con el designado presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado. El vocero de la organización pidió a las autoridades esclarecer si existe algún nexo entre ese grupo de contratistas y las decisiones contractuales tomadas en las últimas semanas.
La solicitud identifica procesos de contratación relacionados con mantenimientos, adquisiciones y otros proyectos estratégicos que, según los cálculos de la Red de Veedurías, superarían los US$120 millones. La organización no precisó los números de los procesos ni las fechas de adjudicación, pero pidió que se revise si esos contratos se ajustaron a los procedimientos internos de la empresa y a la normativa aplicable a las sociedades de economía mixta como Ecopetrol.
La Red de Veedurías advirtió que la proximidad del relevo en la Casa de Nariño hace más sensible cualquier decisión administrativa o contractual que la junta directiva adopte en este periodo, y pidió que las autoridades de control ejerzan una «vigilancia preventiva» sobre esas actuaciones. Según Bustos, en las últimas semanas «se habrían impulsado procesos contractuales» de alto valor en la petrolera durante la recta final del gobierno saliente.
Ecopetrol es una sociedad de economía mixta en la que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, mantiene la participación accionaria mayoritaria. Su junta directiva combina representantes del Gobierno nacional con miembros independientes, y sus decisiones de contratación están sometidas a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad fiscal que rigen la contratación estatal, además de los controles internos propios de la compañía.
La petición no señala directamente a ningún funcionario ni contratista por nombre propio, más allá de la referencia genérica al grupo «los catalanes». La organización aclaró que corresponde a las autoridades competentes establecer la veracidad de las denuncias y determinar las responsabilidades a que haya lugar, con estricto respeto por el debido proceso.
Qué se pide a cada organismo de control
Ante la Fiscalía, la solicitud implica adelantar eventuales indagaciones sobre las denuncias públicas relacionadas con la presunta incidencia de ese grupo en los procesos de contratación de Ecopetrol, así como sobre cualquier relación entre esos hechos y las decisiones adoptadas durante los últimos meses del gobierno saliente. La Procuraduría, encargada de la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos, y la Contraloría, responsable del control fiscal sobre el manejo de los recursos del Estado, fueron señaladas como las llamadas a ejercer control preventivo sobre las actuaciones administrativas y contractuales en curso.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no se han pronunciado públicamente sobre si adelantarán alguna actuación a partir de esta petición. Tampoco Ecopetrol se ha pronunciado formalmente sobre las afirmaciones de la Red de Veedurías: la compañía no ha explicado el contenido de las reuniones extraordinarias de su junta ni ha detallado el estado de los procesos de contratación mencionados. El presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, no ha respondido a las menciones que lo vinculan con el grupo de contratistas señalado.
La Red de Veedurías extendió además una petición al gobierno entrante: conformar «un equipo técnico y jurídico independiente que revise de manera integral la contratación adelantada en Ecopetrol durante las últimas semanas». Según Bustos, ese mecanismo permitiría «garantizar la transparencia, proteger el patrimonio público y brindar plena confianza a los colombianos» sobre el proceso de empalme entre las dos administraciones.
El peso de la compañía explica la sensibilidad del asunto: Ecopetrol es uno de los mayores generadores de recursos fiscales del país a través de dividendos e impuestos, y sus resultados inciden directamente en el Presupuesto General de la Nación. Colombia ha registrado antecedentes de escrutinio público sobre contratación de entidades estatales del sector energético; señalamientos previos sobre presuntas redes de influencia han derivado, en algunos casos, en investigaciones disciplinarias y fiscales que se han extendido por varios años antes de arrojar resultados definitivos.
El empalme como herramienta de control
El proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, regulado por la Ley 951 de 2005, exige la entrega de informes detallados sobre el estado de las entidades públicas, incluidas las decisiones administrativas y contractuales adoptadas en la recta final de cada administración. Ese marco normativo podría servir de sustento para que el nuevo gobierno solicite formalmente la información que la Red de Veedurías reclama sobre la contratación reciente de la petrolera.
Por ahora no existe un cronograma público sobre eventuales actuaciones de los organismos de control frente a esta denuncia. La atención se centrará en las próximas semanas en si alguna de estas entidades abre formalmente una indagación, en el contenido del empalme que reciba el nuevo gobierno sobre Ecopetrol y en si la propia compañía o su junta directiva ofrecen alguna explicación pública sobre los contratos y las reuniones señaladas.
