De la Espriella salió al paso de los rumores que circulaban sobre el costo de la sede presidencial en el Caribe colombiano, un asunto que cobró interés público desde que se conoció que el mandatario electo despachará parte de sus funciones desde Barranquilla, en lo que supondría una descentralización de facto del poder ejecutivo respecto de la tradicional Casa de Nariño en Bogotá. El presidente electo fue enfático en aclarar que no se trata de la construcción de una edificación nueva, sino de la adecuación de un inmueble ya existente, lo que —según su explicación— reduciría los costos frente a lo que implicaría levantar una sede desde cero.
"Quiero ser muy enfático. Esto no le está costando un solo peso a los colombianos. Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales de empresarios en Barranquilla", aseguró el presidente electo, según sus declaraciones difundidas este lunes. El mandatario detalló que el mobiliario, cuyo costo estimó en alrededor de $700 millones, correrá por su cuenta: "El mobiliario, se los quiero decir, que cuesta alrededor de 700 millones de pesos lo estoy poniendo yo, de mi propia plata", afirmó, antes de anunciar que publicará los comprobantes de los giros.
"Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado. Ya ustedes verán cómo es", sostuvo De la Espriella, en un intento por despejar dudas sobre el origen de los fondos empleados en la adecuación del inmueble.
Entre los elementos de la remodelación figura la transformación de un búnker subterráneo en una sala de crisis, un espacio pensado para coordinar operaciones y tomar decisiones en tiempo real ante situaciones que afecten la seguridad y el orden público, una función que tradicionalmente se ha centralizado en la Casa de Nariño y en el Ministerio de Defensa en Bogotá.
Un esquema de donación privada sujeto a los organismos de control
El uso de donaciones privadas para financiar infraestructura o bienes destinados al funcionamiento del Estado está sujeto en Colombia a las normas de contratación pública y a los límites del régimen de conflicto de intereses, materias sobre las cuales la Contraloría General de la República ejerce vigilancia fiscal y la Procuraduría General de la Nación, vigilancia disciplinaria. La promesa de publicar las facturas se inscribe en ese marco, en el que la fiscalización del gasto de la rama ejecutiva recae, en primera instancia, en esos organismos de control, además del escrutinio del Congreso a través de los debates de control político.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni el equipo de transición del mandatario electo han precisado el valor total de la adecuación del inmueble en Barranquilla ni han identificado públicamente a los empresarios que, según De la Espriella, habrían donado los materiales para las obras.
La existencia de instalaciones oficiales fuera de la capital no es inédita en la vida institucional colombiana: distintas administraciones han empleado guarniciones militares y residencias oficiales para atender giras y situaciones de seguridad. La sede alterna de Barranquilla se remonta institucionalmente a la Casa de la Aduana, escenario de episodios de la primera administración de Rafael Núñez en el siglo XIX, aunque la idea de despachar de manera sostenida desde una ciudad distinta a Bogotá introduce un elemento novedoso en la organización del poder ejecutivo contemporáneo.
La sede empezaría a operar una vez el mandatario electo tome posesión del cargo en Cali el próximo 7 de agosto. En los días siguientes se espera que el gobierno entrante ofrezca mayores detalles sobre el funcionamiento del inmueble, su articulación operativa con la Casa de Nariño y el calendario para la publicación de las facturas anunciadas, un compromiso que quedará sujeto al escrutinio de la opinión pública y de los organismos de control.
