Según los hechos reconstruidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, en la DNI no se surtió un proceso de empalme formal entre las dos administraciones, de modo que varios asuntos de la gestión anterior quedaron sin resolver y deberán ser esclarecidos ahora por la nueva dirección y por las autoridades competentes. La ausencia de ese traspaso ordenado dejó a la administración entrante sin la información completa sobre buena parte de los casos hoy en cuestión.
El más visible es la compra de un dron valorado en más de $9.000 millones, adquirido en octubre de 2023 durante la gestión de Manuel Casanova al frente de la entidad. De acuerdo con esa reconstrucción periodística, el equipo inicialmente no operó y meses después sufrió pérdida total mientras era empleado en una operación de inteligencia sobre el Catatumbo, región marcada por la disputa territorial de las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas.
Sobre las circunstancias exactas del siniestro existen dos versiones contrapuestas. Una sostiene que el aparato fue derribado por volar a una altura demasiado baja; la otra apunta a que se incendió mientras sobrevolaba varios campamentos de las disidencias de las Farc en el marco de la misma operación reservada. Ninguna de las dos ha sido confirmada oficialmente.
A mediados de julio de este año la entidad declaró el incumplimiento del proceso contractual, un paso administrativo que abre la puerta a determinar responsabilidades tanto de Prime Comercializadora SAS, la empresa constituida en Bogotá que suministró el equipo, como del proveedor ubicado en Suiza. Esa declaratoria fue radicada ya bajo la dirección de René Guarín, quien asumió la DNI en la fase final del Gobierno Petro. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que se decidió hacer efectiva la póliza que ampara el contrato, mecanismo previsto en la normativa de contratación estatal para cubrir el riesgo de incumplimiento del proveedor. Queda pendiente determinar si la pérdida obedeció a una falla técnica o a un error durante la operación.
La investigación encontró además cuestionamientos previos sobre el proveedor. Prime Comercializadora SAS fue creada en febrero de 2017 y registra un patrimonio de $900 millones e ingresos por $510 millones, cifras que contrastan con el tamaño del contrato adjudicado. A esto se suma que una cotización realizada en el exterior habría ubicado el mismo aparato por un valor cercano a la mitad de lo pagado. "Hubo una comisión especial que entró a verificar el negocio y hay muchas dudas sobre costos y operatividad", señaló una fuente cercana a la operación, en referencia a una revisión adelantada antes de la declaratoria de incumplimiento.
Juan Carlos Eraso Chaves, accionista mayoritario y representante legal de Prime Comercializadora SAS, explicó que el contrato está sujeto a reserva legal debido a que fue celebrado con la DNI, por lo que no entró a detallar los términos de la negociación ni las razones del incumplimiento. Personas cercanas a los proveedores, citadas en la investigación, sostienen que estos podrían argumentar una presunta mala manipulación del equipo para explicar lo ocurrido.
Al capítulo del dron se suma el manejo de los gastos reservados de la DNI, que según los registros disponibles alcanzaron hasta $7.000 millones en un año durante la administración anterior. Este tipo de recursos, amparados por reserva legal en razón de la naturaleza de las operaciones de inteligencia, están sujetos a un régimen especial de control que involucra a la Contraloría General de la República y a comisiones legales especiales del Congreso, sin que ello impida que sean objeto de revisión posterior cuando surgen indicios de irregularidades.
Otro de los focos de examen son los pagos a fuentes humanas —informantes que colaboran con labores de inteligencia—, así como reuniones sostenidas por integrantes de la entidad con cabecillas de organizaciones narcotraficantes y otras estructuras criminales. Un funcionario que trabajó en la DNI durante el Gobierno Petro y que continúa en la administración señaló que fue René Guarín quien decidió frenar esos acercamientos con cabecillas de grupos criminales y suspender los pagos asociados, en la etapa final de esa gestión.
La ausencia de un director designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella complica el ritmo de la revisión. Durante el Gobierno Petro, la DNI tuvo cuatro directores, todos exintegrantes del M-19, entre ellos Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia. La alta rotación al frente de la entidad, sumada a la falta de empalme, es señalada por fuentes consultadas como uno de los factores que dificultó la trazabilidad de los contratos y operaciones cuestionados.
Un pulso histórico entre reserva y rendición de cuentas
El caso se inscribe en una tensión persistente en Colombia entre la reserva que exige la inteligencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. El precedente más citado es el del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto en 2011 tras los escándalos de interceptaciones ilegales conocidos como "chuzadas", que golpearon a magistrados, periodistas y opositores. La propia DNI nació como parte de la reorganización de la inteligencia estatal que siguió a aquel desmonte, prueba de cómo estos organismos han estado repetidamente en el centro de investigaciones por presuntos abusos o irregularidades en el manejo de fondos reservados.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General son las entidades llamadas a determinar si en los hechos examinados existieron responsabilidades penales o disciplinarias, mientras que la Contraloría General deberá pronunciarse sobre el manejo fiscal de los recursos comprometidos en el contrato del dron y en los gastos reservados. Ninguno de estos organismos se ha pronunciado públicamente todavía sobre la apertura formal de investigaciones específicas relacionadas con estos casos.
De cara a los próximos meses, el nombramiento de un nuevo director de la DNI por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella aparece como el paso inicial para ordenar la revisión de estos expedientes y definir la estrategia institucional frente a los hallazgos. La resolución del proceso contractual con Prime Comercializadora SAS y el proveedor suizo, así como el eventual esclarecimiento de las circunstancias de la pérdida del dron, marcarán los primeros hitos verificables de esta revisión en curso.
