Hay condecoraciones que llegan como epílogo y otras que llegan como argumento. La que el cabildo distrital le entregó a Keralty tiene algo de las dos: cierra medio siglo de historia empresarial y, a la vez, se inserta en un debate nacional sobre el futuro del sistema de salud en el que Sanitas ha figurado en titulares menos festivos que este.
La cronología que reivindica la compañía merece contarse sin sarcasmo. Según su propia historia corporativa, la Organización Sanitas Internacional llegó a Colombia en 1980 con el modelo de medicina prepagada, antes de que existiera un sistema de seguridad social en salud como el actual. La primera clínica Colsanitas abrió en 1991, atendiendo exclusivamente a usuarios del servicio privado, dos años antes de que el Congreso aprobara la Ley 100 de 1993, la reforma que creó las EPS tal como se conocen hoy. En 2018 la organización adoptó el nombre Keralty para agrupar sus operaciones, que según cifras de la propia empresa suman 13 millones de afiliados y 37.000 empleos directos e indirectos en diez países.
Ese relato fundacional —de una pequeña casa en el barrio Teusaquillo a una multinacional con presencia continental— es el que el Concejo decidió honrar. La Gran Cruz, instituida por la corporación en 1993, el mismo año de la Ley 100, está reservada para personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios relevantes a la ciudad. Pocas empresas privadas han estado tan entrelazadas con la manera en que millones de bogotanos acceden a un médico.
Un homenaje que la propia empresa lee en clave política
Pero toda condecoración institucional es también un acto político, aunque se presente como gratitud, y las palabras pronunciadas en la ceremonia lo confirman. Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud en Keralty, afirmó: «Miramos el futuro con profunda esperanza en la recuperación y evolución del sistema de salud colombiano; somos conscientes de que hemos atravesado momentos de alta complejidad en los que, a pesar de ataques, calumnias y decisiones adversas, nunca nos desviamos de nuestro propósito fundamental: cuidar». No son palabras que se pronuncien únicamente para agradecer una placa: apuntan a un interlocutor que no está en el recinto del Concejo.
Ivonne Orozco, presidenta ejecutiva de Keralty Colombia, prefirió el registro institucional y sostuvo que el reconocimiento será un estímulo «para seguir impulsando el modelo de cuidado que reúne aseguramiento, prestación de servicios de salud, educación superior, investigación clínica e innovación». Es la versión sobria del mismo mensaje: la organización reafirma su permanencia en el país en un momento de discusión sobre el rumbo del sistema.
El contexto pesa. Sanitas ha estado entre las EPS señaladas en el pulso entre el Gobierno nacional y el sector asegurador privado, en el marco del proyecto de reforma a la salud que el Ejecutivo impulsa desde el inicio de la administración y que ha atravesado comisiones, plenarias y el riesgo de ser hundido o archivado en el Congreso. La reforma busca redefinir el papel de las EPS y dotar de mayor peso estatal al aseguramiento, un modelo distinto del que Keralty representa. El derecho a defender ese proyecto corresponde al Gobierno, que ha sostenido la necesidad de reformar el sistema; la compañía, por su parte, reivindica su trayectoria como garantía frente a la incertidumbre regulatoria.
El Concejo de Bogotá no es un actor menor en ese tablero, aunque no legisle sobre el sistema nacional de salud. La corporación fija, con sus concejales, un termómetro político de la ciudad y controla la gestión de la red pública distrital. Que la mayoría del cabildo, con una composición política distinta a la del Ejecutivo nacional, condecore a la controlante de una EPS privada en este momento admite ser leído como un gesto de posicionamiento en el debate.
De la Ley 100 al presente: un argumento que se repite
La historia reciente ofrece un precedente para calibrar estos gestos. Cuando a comienzos de los años noventa se discutía la Ley 100, los actores privados que entraban al sistema de salud defendieron su legitimidad apelando a la calidad y la infraestructura que habían construido antes de que el Estado abriera el modelo de aseguramiento con competencia regulada. Más de tres décadas después, el argumento reaparece casi con las mismas palabras: la trayectoria como escudo frente al cambio normativo.
Nada de esto invalida el mérito histórico que se reconoce. Una empresa que pasó de una casa en Teusaquillo a una multinacional de salud presente en diez países ha construido algo relevante para la ciudad y para el país. El punto que la distinción no aborda no es el pasado que celebra, sino el presente: la Gran Cruz habla de 1980 y de 1991, pero no del capítulo abierto en 2026, con la reforma en trámite y las tensiones sobre el futuro del modelo de aseguramiento.
Toda condecoración institucional funciona como un espejo retrovisor: muestra con nitidez lo que ya ocurrió y deja fuera de foco lo que ocurre. El Concejo de Bogotá decidió mirar hacia 1980; el debate abierto obliga a que alguien también mire hacia adelante con la misma solemnidad con la que hoy se mira hacia atrás.
Lo que viene, más allá del bronce y los discursos, seguirá su curso conocido: el trámite legislativo de la reforma a la salud continúa en el Congreso, las EPS —Sanitas entre ellas— permanecen bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, y el sistema seguirá buscando ese equilibrio esquivo entre sostenibilidad financiera y cobertura universal que ninguna medalla, por grande que sea la cruz, resuelve por sí sola.
