El episodio llevó al presidente de la república, el nacionalista Karol Nawrocki, a interrumpir un vuelo hacia Senegal para regresar de urgencia a la capital polaca. Tras aterrizar, se reunió en el palacio presidencial con Swieczkowski y con el primer presidente del tribunal, Zbigniew Kapinski, sin que trascendieran detalles sobre alguna medida concreta a adoptar.
El ministro de Justicia y fiscal general compareció en rueda de prensa para anunciar que solicitó el levantamiento de la inmunidad de Swieczkowski y de su adjunto, Bartlomiej Sochanski. La petición abre la puerta a un eventual proceso judicial contra ambos magistrados, en un movimiento que la oposición interpretó como un ataque directo a la independencia del tribunal.
Horas después del anuncio de la suspensión, el sitio web de la Corte Constitucional dejó de estar disponible. En su cuenta oficial, el tribunal calificó lo ocurrido como "un golpe de Estado" y sostuvo que Swieczkowski permanece en funciones, al tiempo que cuestionó la legitimidad de Korwin-Piotrowska para asumir el cargo interino porque, según el propio tribunal, no ha prestado juramento ante el presidente de la república.
Frente al tribunal, los simpatizantes del PiS corearon consignas contra el jefe de gobierno —"¡Tusk traidor!", según constató un periodista de la agencia AFP— mientras la policía mantenía acordonado el perímetro. La escena resume el punto más tenso de una disputa institucional que se arrastra desde el regreso de Tusk al poder en 2023.
El primer ministro respondió a la acusación de la corte desde su cuenta en la red social X, donde defendió la legitimidad del proceso.
"Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad del PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere acción decidida. No hay otro camino", escribió Donald Tusk, primer ministro de Polonia.
Una corte bajo sospecha de Bruselas
La Corte Constitucional polaca ha sido señalada por la Unión Europea como un organismo excesivamente dependiente del poder político, en particular tras las reformas judiciales impulsadas por el PiS durante sus años de gobierno. Esa dependencia convirtió al tribunal en una de las principales fuentes de fricción entre Varsovia y Bruselas, que llegó a congelar fondos europeos destinados a Polonia por incumplimientos al Estado de derecho.
Desde que asumió el cargo de primer ministro en diciembre de 2023, Tusk —exjefe del Consejo Europeo— prometió recomponer la independencia judicial del país, en lo que constituyó uno de los ejes centrales de su campaña frente a ocho años de gobierno del PiS. El propósito, sin embargo, se ha topado de forma reiterada con el veto del presidente Nawrocki, quien ha bloqueado las nominaciones del gobierno a la corte y ha actuado como contrapeso institucional frente al Ejecutivo centrista.
El sistema político polaco, con un presidente de la república electo por sufragio directo y un primer ministro que encabeza el gobierno, reparte competencias que en momentos de polarización derivan en bloqueos cruzados: el jefe de Estado conserva poder de veto legislativo y capacidad de incidir en nombramientos judiciales, mientras el primer ministro controla la agenda de gobierno y la mayoría parlamentaria. Ese diseño, pensado como control mutuo, se ha convertido en el terreno donde se libra la disputa por el control de la Corte Constitucional.
La crisis no es un episodio aislado. Polonia atraviesa una fase de tensión marcada también por hechos recientes de violencia: la policía había detenido a un hombre por un presunto plan para atacar a Tusk, lo que llevó a elevar la alerta de seguridad nacional, y un adolescente mató a una persona e hirió a otras dos en un ataque escolar, el segundo registrado en el país en apenas una semana. En paralelo, Estados Unidos avanza en planes para establecer una base militar en territorio polaco, un movimiento que Donald Trump presentó como un refuerzo de la disuasión frente a Rusia.
Varsovia, pieza clave del flanco oriental
La situación se produce en un contexto regional marcado por la guerra en Ucrania y el papel de Varsovia como uno de los principales socios de la OTAN en el flanco oriental de Europa. La estabilidad institucional polaca interesa tanto a Bruselas como a Washington, dado que el país limita con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, una posición geográfica que lo convierte en pieza central de la arquitectura de seguridad europea. Esa relevancia explica por qué una fractura institucional prolongada excede la política doméstica, en un pulso regional del que da cuenta el reciente bloqueo diplomático en la ONU, donde Rusia y EUA se vetaron y dejaron sin mandato a la misión en el Sáhara.
El pulso por la Corte Constitucional se remonta a las reformas aprobadas durante los años del PiS en el gobierno, que la Comisión Europea cuestionó por considerar que debilitaban la separación de poderes. Aquel litigio derivó en la congelación de fondos comunitarios y en procedimientos de la UE contra Varsovia, antecedente directo del choque que hoy enfrenta a Nawrocki y Tusk.
Por el momento, ninguna de las dos partes ha cedido en su versión: mientras el gobierno sostiene que la suspensión de Swieczkowski responde a un proceso legal legítimo, el propio tribunal insiste en que se trata de una ruptura del orden constitucional. La confusión sobre quién ejerce de manera legítima la presidencia del máximo tribunal polaco seguía sin resolverse en la noche del viernes, con la policía aún desplegada en los alrededores del recinto en Varsovia.
