La disparidad entre esas cifras condiciona el debate que propone López: mientras la Alcaldía de Medellín se apoya en su propio registro administrativo para diseñar la oferta institucional, concejales y organizaciones sociales estiman una cifra muy superior. De confirmarse esa brecha, evidenciaría un subregistro que afectaría cualquier política pública diseñada sobre los datos oficiales.
"Medellín tiene que tener liderazgo legislativo. Nuestra mayor tragedia social es lo que está ocurriendo con nuestros hermanos de la calle", afirmó López, en un planteamiento que busca trasladar un problema históricamente gestionado por administraciones municipales al Congreso.
El eje jurídico de la propuesta es la Ley 1641 de 2013, la norma vigente que fija los lineamientos de la política pública para habitantes de calle en Colombia y que se sostiene sobre principios como la dignidad humana, la autonomía personal, la participación social y la corresponsabilidad entre sociedad, familia y Estado. Según López, ese mismo entramado de garantías termina limitando en la práctica la capacidad de intervención de las administraciones locales cuando las medidas requeridas chocan con el derecho de una persona a decidir sobre su propia vida.
Por eso planteó no solo una reforma legal sino un diálogo institucional directo con la Corte Constitucional, tribunal que en Colombia ha fijado en distintas sentencias el alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad frente a políticas de recogimiento o intervención forzosa.
"Necesitamos recuperar medidas efectivas para que las alcaldías del país puedan intervenir y brindar el tratamiento adecuado a quienes lo necesitan", señaló Sebastián López, expresidente del Concejo de Medellín.
López amplió el foco del debate más allá de la asistencia social, al vincular la concentración de población vulnerable en ciertos sectores con problemas de convivencia, seguridad, actividad comercial y ocupación del espacio público, variables que, dijo, deberían entrar también en la discusión legislativa.
"No podemos seguir administrando esta realidad únicamente desde la asistencia. Tenemos que encontrar mecanismos jurídicos y sociales que permitan recuperar proyectos de vida y atender de manera integral a quienes hoy están en la calle", agregó López.
El dirigente dirigió su propuesta a los congresistas elegidos por Antioquia, a quienes pidió asumir la vocería de una discusión que, según su lectura, debe salir del ámbito puramente local. "Medellín tiene que liderar a la bancada de congresistas antioqueños para promover las modificaciones legales y constitucionales necesarias", concluyó. La tensión entre autonomía personal e intervención estatal ha marcado episodios previos, como el desmonte de la antigua olla del Bronx en Bogotá en 2016, que reavivó el debate sobre el alcance jurídico de las administraciones frente a esta población.
Mientras la iniciativa legislativa no se ha formalizado, la Alcaldía de Medellín adelanta procesos de caracterización y recolección de información para actualizar los datos sociodemográficos, de salud, subsistencia y acceso a la oferta institucional de la población habitante de calle, un insumo que podría convertirse en la base técnica de cualquier proyecto que finalmente se radique en el Congreso.
