Interrogado por los periodistas sobre una serie de publicaciones difundidas en las horas previas —en las que mencionaba «guardias libertadoras», llamaba a la desobediencia de las tropas frente a sus mandos y aludía al derecho ciudadano a armarse—, el jefe de Estado no matizó el contenido, sino que ratificó los términos y los enmarcó en lo que describió como una defensa del orden constitucional. «Por eso he escrito unos trinos en donde hablo del poder popular, guardias libertadoras, el derecho a defenderse, la vida y el derecho a no permitir que la Constitución sea derogada, como intentan hacerlo ahora con una presidencia ilegítima», complementó.
La frase que concentró la controversia fue la referida a las milicias: «O la justicia retorna la Constitución, lo veo difícil, o se ejecuta en el seno mismo de la realidad cotidiana de los territorios nacionales», afirmó Petro. Sectores de oposición la leyeron como una alusión a la movilización armada o al desconocimiento de las instituciones.
El mandatario sostuvo que sus mensajes buscaban alertar sobre lo que consideró un intento de «derogar» la Constitución mediante una «presidencia ilegítima», en referencia al proceso que llevó a Abelardo De La Espriella a ganar la contienda presidencial. La posesión debe celebrarse el 7 de agosto ante el Congreso de la República, conforme al artículo 188 de la Constitución Política.
Petro reiteró que, a su juicio, hubo fraude en el proceso electoral, una denuncia que ha planteado en distintos escenarios. Hasta el momento no consta un pronunciamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil ni del Consejo Nacional Electoral que confirme irregularidad alguna que altere el resultado certificado, lo que mantiene la controversia en el terreno político. La certificación de escrutinios y la resolución de reclamaciones electorales corresponden a esas dos entidades, con eventual revisión del Consejo de Estado.
Como parte de su argumentación, el presidente mencionó que en los últimos días fueron asesinadas autoridades indígenas en el departamento del Cauca y que se produjo un atentado contra un diputado del Pacto Histórico, hechos que, según dijo, evidencian un clima de violencia que podría escalar. No ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de las investigaciones, que corresponderían a la Fiscalía General de la Nación.
En otro punto de la comparecencia, Petro afirmó contar con información sobre «decenas de toneladas de explosivos» ubicadas en Cali, Valle del Cauca, y en otros lugares del país. «Estamos tratando de coger esto, porque si llega hasta allá lo que tenemos es terrorismo», declaró, sin precisar la fuente de ese dato ni si existe una alerta formal cursada a las autoridades de seguridad.
El jefe de Estado vinculó ese escenario con la «lógica» de decretar un Estado de conmoción interior. Se trata de la figura excepcional prevista en el artículo 213 de la Constitución para situaciones de grave perturbación del orden público, que faculta al presidente a dictar decretos con fuerza de ley por un término inicial de 90 días —prorrogable— sujetos al control automático de la Corte Constitucional. Petro sostuvo que ese mecanismo podría emplearse para revertir las reformas sociales impulsadas durante su gobierno, aunque no formalizó ningún decreto durante la rueda de prensa. Aseguró que solo ha pedido «paz, sabiduría y contundencia», y agregó: «Eso implica que la Constitución debe prevalecer».
Reacciones y eventuales controles institucionales
El congresista Julio César Triana cuestionó a través de su cuenta de X si las declaraciones constituían una nueva amenaza y preguntó si el presidente estaba «orquestando un golpe» al llamar a la desobediencia militar y al armamento ciudadano. La eventual evaluación de responsabilidades disciplinarias corresponde a la Procuraduría General de la Nación y, en el terreno penal, a la Fiscalía; no consta hasta la fecha una decisión de esas entidades sobre el caso.
La sucesión presidencial en Colombia, regulada por el artículo 188 de la Constitución, no ha sido interrumpida por la fuerza bajo el actual orden constitucional de 1991. En la historia reciente del país se han registrado episodios de fuerte tensión entre ramas del poder público —como el pulso entre el Ejecutivo y las cortes durante el proceso de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Carta de 1991—, pero no un antecedente en el que un mandatario en ejercicio planteara públicamente la posibilidad de una guerra civil ligada al traspaso de mando.
La Corte Constitucional, encargada del control automático de cualquier decreto de conmoción interior, no ha recibido hasta ahora ningún decreto de esa naturaleza del gobierno saliente. De materializarse una declaratoria en los días previos a la posesión, el tribunal debería revisar su constitucionalidad conforme al procedimiento reglado para las normas excepcionales.
La posesión del 7 de agosto, que debe cumplirse ante el Congreso de la República según el protocolo constitucional, se mantiene como la fecha en que concluye el mandato de Gustavo Petro y comienza el de Abelardo De La Espriella, salvo que se produzca una decisión judicial o institucional que modifique ese calendario, lo cual no consta hasta el momento.
