La operación salió a la luz cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó el inmueble a subasta y esta quedó desierta el 17 de septiembre, sin que se presentara ningún comprador. Ese resultado obligó al Ejecutivo autonómico a difundir documentación sobre una compra que hasta entonces solo conocía un reducido número de personas, según confirmaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de los detalles de la compraventa.
Los papeles hechos públicos recogen la firma de Corbalán en el contrato de arras, cifrado en 630.000 euros, y en el pacto de confidencialidad que blindaba los detalles de la adquisición frente a terceros. No se ha esclarecido quién dio la orden inicial de contactar con la inmobiliaria de La Moraleja que gestionó la venta del ático, situado en el barrio de Chamberí.
Planifica Madrid es la empresa pública encargada de la gestión de suelo y vivienda en la región, y su consejero delegado responde jerárquicamente al Gobierno autonómico. Corbalán tramitó personalmente cada uno de los pasos de la compra, según la documentación conocida, sin que la Comunidad haya facilitado su comparecencia ante la Asamblea regional para explicar los términos de la operación.
El acuerdo de confidencialidad ha sido uno de los elementos más cuestionados desde que trascendió la compra, al tratarse de una cláusula habitual en operaciones privadas entre particulares pero infrecuente cuando el comprador es una entidad pública sufragada con fondos autonómicos. El uso de estas cláusulas no está prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público, aunque sí obliga a justificar el interés que motiva mantener en reserva los términos de la transacción.
La subasta desierta reavivó las dudas sobre el precio pagado inicialmente por el ático, muy superior al que el mercado estaría dispuesto a asumir por el inmueble, según se desprende de que ningún postor concurriera a la puja. La ausencia de comprador ha añadido presión sobre la gestión de Planifica Madrid y sobre el propio Corbalán como responsable directo de la operación.
La compra se enmarca en una serie de episodios recientes en los que la gestión pública ha quedado bajo escrutinio por su falta de transparencia, un debate que también alcanza al Ejecutivo central tras la presentación por parte de Pedro Sánchez de un plan de inteligencia artificial con comités sin actividad.
La documentación publicada por la Comunidad de Madrid no incluye una explicación oficial sobre los criterios que llevaron a fijar el precio de 6,3 millones de euros por el ático ni sobre las razones que justificaron el pacto de confidencialidad suscrito por Corbalán en nombre de Planifica Madrid.
