El foro, titulado "Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México", sirvió también para anunciar la confirmación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales que revisará científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Medina Padilla detalló la operación permanente del Centro de Mando Nacional, activo las 24 horas los siete días de la semana, y el avance en la instalación de puestos de mando estatales.
"La búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional", afirmó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reafirmó la apertura del país al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica. Señaló que el Estado mexicano ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, Mariana Díaz Figueroa, expuso el fortalecimiento de la investigación penal mediante el análisis de contexto y herramientas científicas y tecnológicas. Explicó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, elaborado con participación de familias y colectivos, así como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses como insumo central para la identificación de restos.
La subsecretaria general de la ONU y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Catharina Boehme, destacó que la asistencia técnica de ese organismo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con los registros del INE. El mismo organismo electoral fue noticia reciente tras la multa de 36.9 mdp al partido Morena por afiliaciones sin consentimiento.
James Turpin, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la prioridad otorgada al tema por el gobierno mexicano y las reformas adoptadas en la materia. Ratificó el acompañamiento técnico de su oficina en la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de las investigaciones, aunque señaló la necesidad de traducir el marco normativo existente en resultados efectivos para las familias.
El marco legal al que aludió Turpin es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017, que creó el Sistema Nacional de Búsqueda y el RNPDNO. México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2008 y, desde entonces, rinde cuentas ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el órgano de la ONU que supervisa su cumplimiento y que ha solicitado reiteradamente datos verificables sobre identificación de restos.
Según la Segob y la SRE, representaciones de distintos países reconocieron los esfuerzos de México y, en particular, las prácticas que hoy el país encabeza para atender la desaparición de personas. Las delegaciones subrayaron, de acuerdo con el comunicado conjunto de ambas dependencias, que estas experiencias pueden servir de referencia para otros países que enfrentan el mismo desafío y la importancia del diálogo y la cooperación internacional.
El Estado mexicano reiteró ante el organismo internacional su compromiso de mantener abierto el diálogo técnico y el escrutinio externo sobre el RNPDNO, en un foro en el que, según Boehme, el cotejo con registros del INE ha permitido devolver la identidad a más de 24 mil personas fallecidas desde enero de 2023.
