Aguilar precisó que la magnitud no se entiende desde la aritmética. «Reducirla a cifras no ayuda porque no nos deja comprender el reto que enfrenta el Estado mexicano», sostuvo la directora del Centro Prodh, que distinguió entre instituciones locales y federales. El señalamiento invierte el lugar común: el número que debería movilizar a un país funciona como anestesia, tan grande que deja de representar personas.
La misma directora describió el patrón de los casos: personas que fueron al colegio, al trabajo o con amigos y de las que se desconoce el paradero. «En los primeros momentos se necesita mucha acción del Estado mexicano para poder reaccionar ante ello», advirtió Aguilar sobre las horas decisivas tras una desaparición.
Nancy Mendoza Martínez puso nombre a ese vacío. Su hermano Josué Ricardo, de 31 años, desapareció el 3 de agosto de 2024 cuando iba a una fiesta en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. «Esta fecha marcó mi vida y la de toda mi familia. Cambia completamente», relató, y agregó que contaron con el acompañamiento del Centro Prodh porque las familias «no estamos listos» para afrontar algo así.
Mendoza narró el itinerario burocrático que siguió: acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar, a la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo definió como «horas de martirio» y describió como «impresionante» la indolencia de las autoridades por el trato recibido al denunciar.
«(A) mi madre, que es una persona adulta mayor de 83 años y con movilidad parcial, le exigían que les dijera 'N' cantidad de cosas. Parecía que a las que estaban acusando eran a nosotras. 'Se ha de haber ido con la novia', 'está con los amigos', 'se fue a Acapulco'», relató Nancy Mendoza Martínez, hermana de Josué Ricardo.
Ese reflejo de sospechar primero de la familia opera como una hipótesis que cierra el caso antes de abrirlo: si la persona «se ha de haber ido», no hay delito ni expediente que sostener. Es la misma lógica que la Segob reporta haber intentado corregir con una estrategia nacional de búsqueda y acompañamiento especializado, según su propio recuento de localizaciones.
De esa experiencia, Mendoza Martínez escribió «Lo que el dolor nos enseña, la guía que nadie tendría que leer», un manual que explica qué hacer ante la desaparición de un familiar, el proceso a seguir, qué prendas llevar a las búsquedas y cómo documentar cada paso. La autora dijo que no podía permitir que las autoridades y la sociedad siguieran tratando así a las víctimas directas e indirectas, y subrayó la importancia de difundir las fichas de búsqueda y la labor de las madres buscadoras.
El contraste con los avances que reporta el propio Estado mide la desproporción que denuncia Aguilar. El INE informó de 33 mil identidades confirmadas mediante datos biométricos, con consultas que ayudaron a localizar a 138 mil personas; la Segob reportó 16 mil localizados con su estrategia nacional; y la FGR situó en 92% el procesamiento pericial en el rancho Izaguirre, donde rechazó incineraciones masivas. Son piezas de un aparato en marcha, pero la directora del Centro Prodh no habló de inmovilidad, sino de un Estado que avanza a su ritmo frente a una crisis que no espera.