La frase apunta a un organismo al que la reforma designa como operador técnico de una plataforma única para homologar los datos prediales de los municipios del país. Anaya la empleó para resumir su objeción central: que se obliga a todo el territorio a integrarse a un solo sistema digital sin un diagnóstico de la desigualdad municipal ni de la brecha tecnológica que separa a los ayuntamientos rurales de los urbanos.
"Mucho cuidadito cómo implementan esta iniciativa y cómo operan esta plataforma, cuando lo puedan hacer", dijo la senadora en su intervención, antes de acuñar la frase que dio la vuelta a la discusión. Su reproche no se midió en expedientes resueltos, sino en promesas acumuladas por una dependencia que, sostuvo, se invoca para todo sin entregar resultados.
La brecha digital que nadie presupuestó
Anaya detalló los requisitos técnicos que exige el nuevo sistema —conectividad estable, equipos de cómputo, archivos digitalizados, cartografía actualizada, personal capacitado y mecanismos de ciberseguridad— y la ausencia, dijo, de los recursos para cumplirlos. Entre más rurales los municipios, argumentó, menor es su acceso a las tecnologías de la información, un desfase que la plataforma única no corrige por sí sola.
"Entre más rurales los municipios, menos acceso a las tecnologías de la información, pero ese no es el único problema, porque hay que decirlo, todo lo que están haciendo aquí tiene también problemas que van pegados a los datos personales", advirtió la senadora priista Claudia Anaya Mota.
El segundo filo de su objeción es la protección de datos: la plataforma manejaría información catastral —propiedad, valor, titularidad— de millones de personas bajo un esquema cuya robustez en esa materia, señaló la senadora, no ha sido explicada con el detalle que exige un sistema de ese alcance. La advertencia se suma a un patrón de tensiones en torno al papel de la agencia como eje de la digitalización gubernamental del sexenio.
"Todo esto sin presupuesto", remató Anaya
"Todo esto sin presupuesto. Yo quiero saber cómo, cuándo van a poder implementar esta iniciativa", remató Anaya Mota. La pregunta expone la distancia entre una ley que armoniza el catastro nacional en el papel y una dependencia que, según la senadora, llega sin la partida que la haga operable. Es el mismo contraste que el subsidio que se cobra solo retrató en otro ramo: normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación que se topan, al bajar a los municipios, con la aritmética de que ninguna plataforma digital corre sin financiamiento.
La historia reciente ofrece precedentes de reformas que trasladan cargas a los ayuntamientos sin recursos federales acompañantes, una fricción recurrente en el federalismo fiscal mexicano desde las sucesivas modificaciones al sistema de coordinación hacendaria. El Senado ya aprobó la ley y la turnó al Ejecutivo. Resta, como pidió la propia senadora desde la tribuna, saber cómo y cuándo la Agencia de Transformación Digital pondría en marcha el sistema catastral unificado.