La visita reunió a personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del gobierno de Sonora y de otras dependencias, que acudieron a revisar las obras hidroagrícolas del Distrito 018. Representantes de Loma de Guamúchil sostuvieron que, conforme a sus usos y costumbres, cualquier ingreso a su jurisdicción debe solicitarse primero a la autoridad tradicional de la comunidad, y no basta con el permiso de otras representaciones yaquis. Los propios inconformes reconocieron la importancia de las obras ante las dificultades que atraviesa la actividad agrícola.
Conagua sostuvo que existía un acuerdo previo. La dependencia informó que el recorrido formaba parte del seguimiento a los compromisos pactados el 5 de octubre en Pótam, Segunda Cabecera, durante una reunión encabezada por su director general, Efraín Morales López, con representantes tradicionales del pueblo yaqui. La inspección, añadió, buscaba revisar obras complementarias y detectar necesidades pendientes antes de concluir la transferencia integral del distrito de riego a las comunidades.
En el recorrido participaron Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua; Rodolfo Castro Valdez, director del Organismo de Cuenca Noroeste; José Ángel Félix Sánchez, gerente de Distritos de Riego, y Timoteo Gómez Aspitia, gerente de Construcción. Los funcionarios defendieron que atendían una convocatoria previa de autoridades tradicionales y pidieron que se les permitiera continuar con la revisión técnica.
Los inconformes respondieron que el acuerdo con otras representaciones no sustituye, desde su perspectiva, el consentimiento de la autoridad tradicional de la comunidad donde se ejecutan los trabajos. "No queremos un conato", expresó uno de los representantes durante el intercambio, en un intento por marcar los límites de la protesta sin desconocer la necesidad de las obras.
El decreto reconoce los sistemas internos yaquis
El decreto que creó el Distrito de Riego 018 reconoce expresamente a Cócorit-Loma de Guamúchil como una de las ocho comunidades integrantes del pueblo yaqui. El documento establece que el distrito debe operar atendiendo la especificidad cultural de la etnia y sus formas propias de organización, y que la Comisión Jiaki del Agua, encargada de administrar el recurso para riego, debe integrarse con autoridades nombradas por cada comunidad conforme a sus normas internas.
El trasfondo del conflicto no se limita a la infraestructura hidráulica: cada uno de los ocho pueblos yaquis cuenta con al menos dos gobernadores que se asumen como autoridad tradicional, lo que alimenta disputas sobre quién los representa frente al gobierno federal y estatal. El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, puesto en marcha durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para resarcir el despojo histórico de tierras y agua en el valle del Yaqui, figura entre los programas sociales retomados en el actual sexenio, dentro del cual la presidenta Claudia Sheinbaum reportó una inversión pública y mixta de 8 billones 400 mil mdp.
Los integrantes de Loma de Guamúchil pidieron que los funcionarios acudan directamente a su Guardia Tradicional para explicar los proyectos y pactar acuerdos, y exigieron no quedar excluidos de las acciones del plan.
"El Plan de Justicia debe ser para todos, no para unos cuantos", manifestaron representantes de Loma de Guamúchil durante el intercambio con los funcionarios.
La exigencia final de los inconformes fue que cualquier negociación futura reconozca su representación tradicional y evite que los proyectos del Plan de Justicia profundicen las divisiones existentes dentro de las comunidades yaquis.
