La enmienda se tramitó en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, un trámite que en el sistema brasileño exige mayorías calificadas. El respaldo se destrabó después de que Bolsonaro, senador y candidato presidencial por el Partido Liberal, anunciara en la víspera un giro en su postura: pasó de oponerse al proyecto a votarlo a favor, lo que arrastró la adhesión del resto de la bancada opositora, a la que sus partidos dieron libertad de voto.
Bolsonaro no estuvo en el recinto. Emitió su voto de forma telemática mientras participaba en actos de campaña en Porto Alegre. El cambio de postura generó reproches entre senadores afines al Gobierno, que cuestionaron lo que calificaron de "volatilidad de convicciones" del candidato y advirtieron sobre el riesgo de que, de ganar la presidencia, Bolsonaro intente revertir la norma.
"Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro", señaló Teresa Leitão, vocera del Gobierno en el Senado.
Según los sindicatos, unos 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada con la reforma, que atiende una reivindicación histórica de los sectores populares. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, destacó el efecto de la medida sobre "millones de personas de diferentes realidades del país".
Los sectores productivos y patronales se oponen a la reducción. La Federación de Comercio de São Paulo prevé un incremento del 22% en el costo de la hora trabajada y advierte de la posible destrucción de hasta 1.2 millones de puestos de trabajo.
Esas proyecciones fueron rebatidas en el pleno por el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, la misma fuerza del presidente Lula, quien citó los casos de Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.
"Brasil se sitúa así al nivel de los países más desarrollados", sostuvo Randolfe Rodrigues, senador del Partido de los Trabajadores.
El uso de reformas laborales como bandera electoral tiene antecedentes en la región: durante el primer mandato de Lula, iniciado en 2003, el oficialismo construyó su base entre los sectores populares con medidas de alcance social que la derecha impugnó por su costo fiscal. La disputa actual reedita ese esquema a escala de una contienda presidencial reñida.
Otros legisladores de oposición que terminaron respaldando la reforma criticaron las "prisas" y un presunto "uso del aparato estatal" en función del calendario electoral, en alusión a la cercanía de la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que Lula enfrenta a Bolsonaro tras quedar en desventaja en la primera ronda.